El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció que sectores del kirchnerismo presionan y amenazan a senadores peronistas para condicionar su voto en el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Según afirmó, las advertencias incluyen la posibilidad de intervenir el Partido Justicialista en las provincias cuyos legisladores acompañen la iniciativa.
“Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido amenazados con la intervención del PJ según cómo voten”, sostuvo Sáenz en una entrevista televisiva. Y agregó que ese mecanismo busca disciplinar a dirigentes que, en muchos distritos, dependen del sello partidario como única herramienta electoral.
Las declaraciones se producen en el marco del enfrentamiento abierto entre varios gobernadores y la conducción nacional del PJ, encabezada por Cristina Fernández de Kirchner. El conflicto se profundizó tras la sanción partidaria a la senadora Carolina Moisés por haber acompañado el Presupuesto 2026, un antecedente que encendió alarmas entre los legisladores dialoguistas.
Sáenz cuestionó con dureza la estrategia interna del kirchnerismo y aseguró que “las retóricas intransigentes no defienden al trabajador, sino los privilegios de la política”. En ese sentido, sostuvo que la actual ley laboral “no funciona, no genera trabajo y empuja a más argentinos a la informalidad”.
Además, el mandatario salteño reclamó definiciones al Ejecutivo nacional sobre el capítulo fiscal de la reforma laboral, especialmente la reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas. Según advirtió, esa medida impacta de lleno en la coparticipación y profundiza la crisis financiera de las provincias.
Ruptura en el PJ
La advertencia de Sáenz expone una fractura cada vez más visible dentro del peronismo, donde gobernadores y legisladores comienzan a desafiar la conducción centralizada del partido. La amenaza de intervenir distritos aparece como una herramienta de disciplinamiento que ya no garantiza obediencia automática.
En paralelo, el debate por la reforma laboral se convirtió en un test de poder interno: mientras el kirchnerismo intenta bloquear el proyecto, los mandatarios provinciales reclaman margen político y compensaciones fiscales, en un escenario donde la unidad del PJ parece más táctica que real.
