El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri volvió a quedar bajo la lupa judicial. El fiscal federal Franco Picardi apeló el fallo que cerró la investigación y planteó que existen elementos suficientes para profundizar la pesquisa y habilitar un avance hacia instancias procesales más severas.
En su presentación, el representante del Ministerio Público cuestionó la decisión de archivar el expediente y advirtió sobre la posible existencia de una estructura delictiva en la forma en que se gestionó el crédito por 57.100 millones de dólares otorgado en 2018.
La apelación busca que la Cámara Federal revise la resolución que dispuso el cierre del caso y defina si corresponde reactivar la investigación. De prosperar el planteo, el proceso podría derivar en la citación a indagatoria del expresidente Mauricio Macri y de exfuncionarios centrales de su administración.
Entre los nombres mencionados aparecen Luis Caputo y Federico Sturzenegger, hoy integrantes del gabinete de Javier Milei, además de otros exresponsables del área económica.
Picardi sostuvo que, a lo largo de la investigación, se reunieron elementos que permiten sostener que el archivo fue prematuro y que existen pruebas relevantes que no habrían sido debidamente valoradas.
El expediente analiza si, al momento de negociar y firmar el acuerdo con el FMI, se violaron normas constitucionales y legales que regulan el acceso al endeudamiento externo, los mecanismos de control y las instancias de intervención obligatorias.
Según el fiscal, los hechos podrían encuadrar en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También dejó abierta la hipótesis de una posible administración fraudulenta.
El hecho investigado se remonta al gobierno de Macri, pero impacta de lleno en la actual administración. Tanto Caputo como Sturzenegger ocuparon la presidencia del Banco Central en distintos momentos de 2018, además de haber tenido roles clave en el área económica.
La causa también incluye a exautoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, entre ellos Nicolás Dujovne, Marcos Peña y Guido Sandleris.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso el archivo al considerar que no se configuró delito alguno y que el acuerdo con el FMI constituyó una decisión política no judiciable.
Para Picardi, esa conclusión es errónea. Sostuvo que existen informes oficiales que detectaron irregularidades y un perjuicio económico significativo para el Estado, entre ellos estudios de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación.
En paralelo, el gobierno de Milei decidió retirarse como querellante de la causa a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, una decisión adoptada un día antes de que venciera el plazo para apelar el cierre del expediente.
La querella había sido impulsada originalmente por la Procuración del Tesoro durante la gestión de Alberto Fernández, cuando el organismo estaba a cargo de Carlos Zannini.
Con la apelación presentada, la Cámara Federal tendrá ahora la responsabilidad de definir si confirma el archivo o si habilita la reapertura de la investigación.
La definición será clave no sólo por el impacto judicial, sino también por sus derivaciones políticas: una eventual reactivación de la causa colocaría en el centro de la escena a exfuncionarios del macrismo y a dos ministros clave del actual gabinete.