Caputo postergó la reunión con Valdés y dejó en pausa los reclamos de Corrientes

La esperada primera reunión oficial entre el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue postergada sin fecha definida. El encuentro, que iba a realizarse este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, fue cancelado a último momento por el Palacio de Hacienda, que adujo “problemas de agenda”.

El mandatario correntino tenía previsto viajar a la Capital Federal, pero la suspensión llegó poco antes de iniciar el traslado. La postergación dejó en suspenso una agenda cargada de reclamos financieros y de infraestructura que la provincia considera urgentes.

Desde el entorno del gobernador señalaron que la reunión venía siendo confirmada desde la semana pasada y que la decisión del Ministerio de Economía implicó, en los hechos, un freno a definiciones clave para las cuentas provinciales. En Corrientes interpretan el gesto como una señal de enfriamiento en el vínculo con la Nación.

Uno de los puntos centrales que Valdés llevaba a la mesa era la deuda que el Estado nacional mantiene con el Instituto de Previsión Social (IPS) correntino. Ante la falta de transferencias, el gobernador pensaba proponer una compensación patrimonial: la cesión a la provincia del predio del ex Regimiento de Infantería 9, un terreno estratégico para el desarrollo urbano de la capital.

También figuraba en la agenda la situación del puerto de Ituzaingó. El gobierno provincial busca acelerar su habilitación definitiva y reclamar que las futuras obras en la Hidrovía contemplen el refulado en esa zona del río Paraná, condición clave para garantizar la operatividad de la terminal portuaria.

Industria en alerta

Otro tema sensible que quedó sin tratar fue la crisis sociolaboral en el sur provincial tras el cierre de la textil Emilio Alal en Goya, que dejó a unas 260 familias sin empleo. Valdés planeaba plantear su preocupación por la apertura de importaciones y su impacto directo en la industria local.

En el gobierno correntino consideran que la política económica nacional aceleró el deterioro del sector manufacturero y profundizó tensiones sociales en la región. Sin nueva fecha en el horizonte, los reclamos de Corrientes quedaron en espera, a la deriva de un Ministerio de Economía concentrado en su propia hoja de ruta.