La Justicia Federal dio un paso decisivo en una de las causas de corrupción más impactantes del último año. El juez Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y a otras 18 personas bajo la acusación de integrar una asociación ilícita que desvió cifras millonarias del Estado.
La investigación reveló un entramado donde funcionarios y empresarios "se turnaban" para ganar contratos con sobreprecios. Según el fallo, la organización cooptó la Agencia para generar ganancias privadas, afectando directamente a los beneficiarios del programa Incluir Salud.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue lo hallado en los allanamientos. En la casa de Spagnuolo se encontró una máquina de contar billetes, un elemento que el juez consideró clave para manejar el flujo de dinero en efectivo que circulaba por fuera del sistema bancario.
Sin embargo, el hallazgo más impactante ocurrió en un departamento de Puerto Madero perteneciente a Ornella Calvete, hija del operador Miguel Ángel Calvete. Allí, la policía secuestró 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y miles de euros ocultos entre relojes de lujo y habanos. El esquema operaba como una "caja negra" para financiar lujos personales con dinero de la salud.
El corazón de la maniobra estaba en la compra de medicamentos de alto costo. La Justicia detectó que un grupo de cuatro droguerías -Profarma, Génesis, New Farma y Floresta- coordinaban sus ofertas para quedarse con las licitaciones.
Se estima que solo en una pequeña muestra de fármacos analizados, el sobreprecio alcanzó los 6.000 millones de pesos. En total, los contratos bajo la lupa superan los 30.000 millones, un dinero que debía proteger a la población más vulnerable del país.
Además de los procesamientos, el juez Casanello trabó un embargo histórico: más de 202.000 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo. La cifra busca cubrir el daño patrimonial causado al Estado.
Aunque los acusados permanecerán en libertad por el momento, la investigación sugiere que la responsabilidad política podría escalar. El juez advirtió que el esquema no parece ser un hecho "encapsulado" y ordenó nuevas declaraciones indagatorias para profundizar en las complicidades del sector privado y estatal.
TM