El Poder Ejecutivo Nacional dio un paso formal para destrabar el histórico traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A través del Decreto 2125/2026, publicado en el Boletín Oficial, se delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de suscribir el acuerdo de transferencia con el gobierno porteño.
La medida se apoya en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía política, administrativa y judicial de la Ciudad. Aunque ese estatus rige desde la reforma de 1994, la justicia laboral continúa bajo control nacional, a diferencia de otras áreas como seguridad y transporte, que sí fueron transferidas en etapas anteriores.
El decreto habilita no solo la firma del convenio principal, sino también eventuales adendas y acuerdos complementarios. Una vez rubricado, el entendimiento deberá ser enviado al Congreso Nacional para su tratamiento y ratificación, paso indispensable para que el traspaso tenga validez institucional plena.
El proceso se reactivó luego de que la Legislatura porteña sancionara, en diciembre de 2024, las leyes 6789 y 6790, que reformaron la Ley Orgánica del Poder Judicial local y crearon un nuevo Código Procesal del Trabajo. Ese esquema prevé una Cámara de Apelaciones del Trabajo con dos salas y diez juzgados de primera instancia para conflictos laborales individuales.
Sin embargo, la implementación de esas normas quedó en suspenso tras una medida cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en una causa impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El tribunal sostuvo que la Ciudad no puede avanzar de manera unilateral y debe acordar previamente con la Nación una transferencia “racional y ordenada”, conforme a la Ley 24.588.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había marcado el rumbo en los fallos “Corrales” y “Bazán”, donde calificó como transitorio el esquema de tribunales nacionales con asiento en la Ciudad y cuestionó la demora en completar el traspaso. Para el máximo tribunal, sostener indefinidamente el régimen actual contradice el principio de autonomía porteña. Con el nuevo decreto, el Gobierno nacional intenta reencauzar un proceso que lleva más de tres décadas de postergaciones.