La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina expresó un rechazo contundente al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que propone reducir la edad de punibilidad. En un documento difundido este lunes, advirtió que la iniciativa en debate en el Congreso no ofrece soluciones efectivas frente al delito juvenil y representa un retroceso en materia de derechos.
Según el pronunciamiento, la baja de la imputabilidad responde a una lógica punitiva que reaparece cíclicamente ante cada crisis de seguridad. “Produce un efecto placebo: aparenta acción estatal, pero no genera impactos verificables en la seguridad pública”, sostuvieron los magistrados, al cuestionar la idea de que más castigo implique mayor prevención del delito.
Uno de los puntos centrales del texto es la crítica al enfoque simbólico de la reforma. Para la Red, reducir la edad penal implica desconocer a la niñez y la adolescencia como categorías jurídicas diferenciadas y reemplazar un abordaje integral por una respuesta exclusivamente penal, trasladando conflictos sociales al terreno del castigo.
Desde una mirada jurídica, los jueces remarcaron que el derecho penal moderno parte de la desigualdad real de los sujetos frente al poder punitivo del Estado. En ese marco, advirtieron que asimilar a niños, niñas y adolescentes a adultos plenos contradice tanto el ordenamiento jurídico interno como los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
El documento también cuestiona la compatibilidad del proyecto con los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen sistemas de justicia juvenil especializados, orientados a la reinserción y la responsabilidad progresiva. La Red recordó que la existencia de una edad mínima de punibilidad no implica impunidad y señaló que las provincias ya cuentan con dispositivos socioeducativos y medidas de privación de la libertad para casos graves.
Críticas al enfoque punitivo del Estado
Para la Red, el proyecto implica una renuncia del Estado a diseñar políticas públicas complejas e integrales. “Más castigo temprano no produce mayor seguridad”, concluye el texto, que reclama fortalecer derechos económicos, sociales y culturales como eje de la prevención. Además, exhorta al Congreso a establecer límites máximos a las penas y mecanismos de revisión periódica de cualquier sanción privativa de la libertad, como garantías básicas frente al poder punitivo estatal.
