En una audiencia internacional realizada en la Cámara de Diputados, especialistas en Derecho del Trabajo y representantes de asociaciones de jueces laborales expusieron duras críticas a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y advirtieron sobre los riesgos que implicaría su aprobación.
El encuentro fue organizado por la diputada nacional Myriam Bregman junto al presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, y contó con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques.
Al cierre de la actividad, Bregman sostuvo que las experiencias internacionales muestran que las contrarreformas laborales “tienen resultados desastrosos para las y los trabajadores” y afirmó que las iniciativas que promueven el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich “empeoran incluso la situación de quienes hoy no tienen derechos”.
Al abrir la lista de oradores, Cremonte cuestionó que el proyecto sea presentado como una “modernización laboral”, cuando en realidad propone derogar la ley de teletrabajo, una de las más recientes del país.
Además, señaló que no se actualiza la ley de jornada de trabajo, que fija un máximo de 48 horas semanales. “Es una de las jornadas más extensas del mundo, justo cuando muchos países discuten su reducción”, remarcó.
El dirigente también advirtió que la iniciativa implicaría un retroceso en el derecho colectivo del trabajo y podría afectar el derecho a huelga, en contradicción con normas de la Organización Internacional del Trabajo y del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
El presidente de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, Roberto Pompa, afirmó que la propuesta oficial contiene “160 disposiciones que contrarían la Constitución nacional y los tratados internacionales”.
También cuestionó que el texto definitivo aún no se conozca públicamente. “Lo están modificando en forma reservada y eso viola los estándares internacionales”, sostuvo.
Pompa recordó que la Corte Interamericana estableció que no puede haber una reforma laboral sin un ámbito tripartito que incluya a los trabajadores y reclamó que el debate se realice en sesiones ordinarias y no en extraordinarias.
Durante la audiencia se expusieron antecedentes de reformas laborales en distintos países. El diputado del Parlamento de Cataluña, Vidal Aragonés, recordó que la contrarreforma española de 2012 facilitó despidos, redujo indemnizaciones y provocó la pérdida de derechos colectivos.
Según detalló, en el primer año posterior a esa reforma se destruyó cerca de un millón de puestos de trabajo y el desempleo llegó al 26%.
Especialistas de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Francia coincidieron en que reformas similares generaron caída de salarios, aumento de la informalidad, mayor desempleo y deterioro de la calidad de vida.
Desde organizaciones sindicales advirtieron que la iniciativa va en contra del sentido protector del derecho laboral y que podría esconder una reforma previsional al desfinanciar a la ANSES.
Además, señalaron que el sistema de seguridad social y las obras sociales sindicales también podrían verse afectados, con impacto directo en millones de personas.
En ese marco, los expositores coincidieron en que las reformas que reducen derechos no generan más empleo y solo benefician a los sectores económicos más concentrados.