Reforma laboral en el Senado: votos finos, calle caliente y un clima espeso de gestión

Mañana, miércoles 11 de febrero, el Senado se mete en la primera prueba legislativa de alto voltaje del año para el oficialismo: la votación de la reforma laboral. La sesión fue convocada para las 11 y llega con un escenario conocido: el Gobierno asegura que tiene “casi todo acordado”, los números se cuentan uno por uno y la CGT se prepara para expresar rechazo en la calle, aunque con una protesta más contenida que un paro general. 

El texto que llega al recinto combina cambios de fondo y un punto particularmente sensible: el capítulo fiscal que abrió tensión con los gobernadores. En las últimas horas circuló la posibilidad de que se caiga o se “congele” el artículo referido a Ganancias para destrabar apoyos provinciales y despejar el camino en la Cámara alta. En la lógica del oficialismo, el objetivo es evitar que la disputa por recursos termine llevándose puesta la reforma, y lograr una aprobación que después pueda ordenarse en Diputados. 

En la rosca de mañana se cruzan tres planos. El primero es el del poroteo. La jefatura del bloque oficialista en el Senado, encabezada por Patricia Bullrich, trabaja sobre el respaldo de “dialoguistas” y apuesta a que el radicalismo acompañe el proyecto para dejarlo vivo hacia Diputados. En esa línea, desde el propio radicalismo ya dejaron trascender que acompañarían la iniciativa en general, con reparos sobre artículos puntuales. 

El segundo plano es el sindical. La CGT rechazó el proyecto y definió una movilización al Congreso para el día de la sesión, con discusiones internas sobre intensidad y modalidad. La lectura sindical es directa: reducción de costos de despido, flexibilización de condiciones y un intento de recortar poder gremial mediante cambios de convenios y derecho de huelga en sectores definidos como esenciales. El Gobierno, en cambio, insiste en “modernización” y en combatir la informalidad, que ubica cerca del 43%. 

El tercer plano es político, y acá aparece el contexto que ensucia la escena: el Gobierno empuja una reforma estructural mientras se acumulan causas, renuncias y sospechas de manejo de caja. En los últimos días, la causa por la Agencia Nacional de Discapacidad volvió al centro por procesamientos y embargos contra exautoridades y empresarios, con el nombre de Diego Spagnuolo como figura principal del expediente.  Y, casi en simultáneo, se conoció la renuncia de Demian Reidel a Nucleoeléctrica, rodeada por denuncias de irregularidades en licitaciones, lo que reaviva una pregunta incómoda: cuánto margen moral conserva un oficialismo que discute “modernización” mientras aparecen expedientes de sobreprecios y circuitos internos de poder que prometían venir a combatir. 

Así, la sesión de mañana queda atravesada por una tensión concreta. Para el Gobierno, aprobar la reforma sería la señal de que todavía puede gobernar con el Congreso, ordenar aliados y sacar leyes que marquen rumbo. Para la oposición sindical y el peronismo parlamentario, la votación se lee como un intento de avanzar rápido cuando el clima público está cargado por denuncias y recambios, con la expectativa de que la calle funcione como límite político y, si hace falta, la Justicia como freno posterior. 

Si el oficialismo consigue mañana una aprobación clara en el Senado, el conflicto se muda a Diputados, donde el costo de cada voto suele ser más alto y más visible. Si la sesión sale trabada, o si el artículo fiscal se convierte en la piedra en el zapato, el Gobierno pagará un precio doble: la reforma quedará herida antes de nacer y el relato de eficacia se desgasta justo cuando el frente judicial y el frente interno empiezan a tener vida propia.