Golpe a los Kirchner: Casación define si pierden 20 propiedades clave

La Cámara Federal de Casación Penal quedó en condiciones de resolver si confirma el decomiso de una veintena de propiedades vinculadas a la familia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, donde se investiga el desvío de fondos públicos por casi $685.000 millones. El fiscal general ante esa instancia, Mario Villar, rechazó las apelaciones de la exvicepresidenta y de sus hijos y reclamó que se avance de manera inmediata con la ejecución de los bienes.

La medida alcanza a un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y a otras 19 propiedades heredadas en partes iguales por Máximo y Florencia Kirchner. A fines de 2025, el Tribunal Oral Federal 2, con el juez Jorge Gorini, ordenó ejecutar esos activos para que los nueve condenados respondan con su patrimonio por la suma exacta de $684.990.350.139,86. En paralelo, el fiscal Diego Luciani ya impulsa una segunda etapa que podría sumar más bienes al decomiso.

Las defensas denunciaron “persecución política” y calificaron la decisión como una forma de “derecho penal creativo”. Según los abogados de los hijos de la exmandataria, todos los bienes tendrían “origen lícito” y habrían sido recibidos “de buena fe”, por lo que no podrían ser considerados producto ni instrumento del delito investigado.

El fiscal Villar descartó de plano esos argumentos. En un dictamen de 13 páginas sostuvo que el tribunal actuó correctamente y que la resolución “no modifica la condena ni agrega nuevas obligaciones”, sino que se limita a ejecutar una consecuencia penal ya firme. También defendió el criterio aplicado en causas de corrupción estructural, donde el análisis se apoya en patrones de incremento patrimonial injustificado y su coincidencia temporal con las maniobras ilícitas.

En ese sentido, recordó que el TOF 2 fijó una ventana temporal precisa -entre 2003 y 2015- que coincide con las 51 licitaciones viales otorgadas a Lázaro Báez en Santa Cruz. Para el Ministerio Público, avanzar con el decomiso es compatible con los estándares internacionales de recuperación de activos y con los compromisos asumidos por el Estado argentino.

Las defensas insistieron en que ejecutar los bienes sería “un atropello institucional” y advirtieron sobre supuestas violaciones a la Constitución Nacional y a tratados de derechos humanos. Sin embargo, Villar fue categórico: cualquier discusión sobre el origen de los activos deberá tramitar por otras vías, pero no puede frenar la ejecución en sede penal.

El decomiso como mensaje político y judicial

El caso vuelve a colocar a la familia Kirchner en el centro de una definición clave: si la condena por corrupción queda limitada al plano simbólico o si el Estado logra recuperar parte del dinero que la Justicia considera desviado durante más de una década.

La decisión de Casación marcará un precedente sobre hasta dónde puede avanzar el decomiso de bienes en causas de corrupción de alto impacto y si, finalmente, el fallo de Vialidad se traduce en una pérdida patrimonial concreta para el núcleo del poder político que gobernó la Argentina durante años.