El fotógrafo Pablo Grillo se presentó como querellante en la causa que investiga la represión ocurrida durante una movilización en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde resultó gravemente herido por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. La presentación busca profundizar la investigación sobre la cadena de mando de la Gendarmería Nacional y ampliar las responsabilidades más allá del autor material del disparo.
Según explicó Agustina Lloret, abogada del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y representante de Grillo, el objetivo es determinar qué funcionarios supervisaban el operativo y por qué no intervinieron ante un accionar que calificaron como ilegal. El disparo fue efectuado por el gendarme Héctor Guerrero, pero la defensa sostiene que actuó bajo un esquema de conducción y control que no puede quedar fuera del expediente.
Las abogadas remarcaron que el cartucho fue disparado de manera horizontal y directa hacia los manifestantes, una práctica expresamente prohibida por los protocolos de actuación. Además, señalaron que Guerrero realizó varios disparos en presencia de superiores jerárquicos, sin que ninguno de ellos adoptara medidas para detenerlo, lo que refuerza la hipótesis de responsabilidades por omisión.
En ese marco, la querella también solicitó que se investigue a la ex ministra de Seguridad y actual senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al considerar que el operativo respondió a decisiones políticas adoptadas desde los niveles más altos del Ministerio. Para la defensa, el accionar represivo no fue un exceso individual sino parte de una lógica institucional.
La causa está a cargo de la jueza María Servini, a quien la querella pidió que amplíe la investigación a todos los anillos de supervisión del operativo y a su planificación general. El planteo apunta a establecer si existió una responsabilidad penal en la conducción de la fuerza y en las decisiones políticas que habilitaron un despliegue que terminó con un trabajador de prensa gravemente herido.