Pullaro acorralado por la policía santafesina: el reclamo que traba el acuerdo

La crisis policial en Santa Fe sumó un nuevo capítulo tras una reunión que se extendió hasta la madrugada entre funcionarios provinciales y representantes de los efectivos que protestan frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó las negociaciones y presentó una propuesta que aún es evaluada por los manifestantes, en medio de reclamos salariales y cuestionamientos por las condiciones laborales.

Durante la mañana, uno de los voceros policiales pidió a sus compañeros levantar la protesta con la promesa de que no habrá nuevos pases a disponibilidad. “No va a haber más disponibilidades. Tenemos que demostrar buena voluntad y salir a la calle”, afirmó. Sin embargo, los efectivos exigen la reincorporación de los veinte agentes ya sancionados. El malestar se hizo visible con “sirenazos”, caravanas de patrulleros y cortes de calles en Rosario, Santa Fe capital, Rafaela, Reconquista y otras localidades.

El conflicto escaló al punto de dejar zonas sin patrullaje regular, lo que motivó la intervención del Gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que se amplió la cobertura de las cinco fuerzas federales en el marco del plan Bandera. “No vamos a defender una huelga en fuerzas de seguridad”, sostuvo, aunque reconoció que los reclamos salariales son “genuinos” y que existe un canal de diálogo abierto con el gobernador Maximiliano Pullaro.

En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación por posible incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Desde el entorno policial denuncian que los sueldos no alcanzan y advierten sobre un deterioro estructural dentro de la fuerza, incluyendo un aumento de suicidios. El Gobierno provincial, por su parte, justificó las sanciones al considerar que hubo una afectación directa del servicio de seguridad.

Seguridad bajo presión política

La crisis golpea en un punto sensible para la gestión de Maximiliano Pullaro, quien construyó su perfil político sobre una agenda de orden y combate al narcotráfico. Un conflicto interno con la propia policía erosiona ese capital simbólico y abre interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo de seguridad provincial.

Al mismo tiempo, el refuerzo federal expone la fragilidad institucional cuando las fuerzas locales se repliegan. La intervención de Alejandra Monteoliva busca evitar un vacío operativo, pero también instala un mensaje político: la seguridad no admite zonas grises ni huelgas encubiertas. La resolución del conflicto no solo definirá el clima interno de la fuerza, sino también el equilibrio entre la provincia y la Nación en un territorio estratégico.