Procesan a empresas y a un exfuncionario de Olivos por maniobras vinculadas a Alberto Fernández

El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras irregulares en la contratación de seguros estatales. La resolución incluyó embargos millonarios y alcanzó a otras compañías del rubro por no haber prevenido delitos en el esquema bajo análisis.

En el mismo fallo, el magistrado procesó al exadministrador general de la Residencia Presidencial de Olivos, Hugo Rodríguez, acusado de facilitar ingresos y encuentros entre el empresario y el entonces mandatario sin registrarlos oficialmente. Entre las pruebas figura una reunión del 7 de agosto de 2020 documentada con una fotografía, además de episodios de 2022 en los que Rodríguez habría intervenido para coordinar gestiones vinculadas a la continuidad del ex titular de Nación Seguros, Gustavo García Argibay.

Casanello sostuvo que el exfuncionario “sabía del conflicto de interés y colaboró con su aprovechamiento”, por lo que lo procesó por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes, con un embargo cercano a los 788 millones de pesos. La causa, que impulsa el fiscal Carlos Rívolo, también avanzó sobre la responsabilidad penal empresaria en el marco del decreto 823/2021, que obligó al Estado a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A.

Entre las firmas alcanzadas figuran Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A., señalada por comisiones superiores a $416 millones, además de Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales, esta última con beneficios atribuidos por más de $2.022 millones. El juez remarcó que las empresas no implementaron programas de integridad ni mecanismos de control que evitaran conductas ilícitas.

Impacto judicial y político

El procesamiento reaviva la presión judicial sobre el entorno de Alberto Fernández, en una causa que combina presunto conflicto de interés, vínculos personales y decisiones administrativas de alto impacto económico. Aunque el expresidente no fue procesado en esta resolución, el expediente vuelve a colocar su gestión bajo escrutinio público.

Desde el plano político, el avance sobre la responsabilidad penal empresaria marca un precedente relevante: ya no se investiga solo a funcionarios, sino también a compañías que habrían obtenido beneficios indebidos. En un escenario donde la transparencia y los vínculos entre Estado y privados están en el centro del debate, el fallo de Casanello proyecta consecuencias que exceden el expediente y pueden influir en la discusión sobre controles y contrataciones públicas.