Lo que parecía un acuerdo inminente para devolver la tranquilidad a las calles de Rosario se transformó en un nuevo dolor de cabeza para el gobernador Maximiliano Pullaro. Cuando el conflicto salarial con la Policía de Santa Fe parecía encaminado, una decisión judicial volvió a tensar la cuerda al máximo.
Este jueves por la mañana, 11 agentes policiales deberán presentarse ante la fiscalía de Rosario. No es una visita de rutina: fueron citados para una audiencia de imputación en libertad. El fiscal les informará formalmente que están bajo una investigación penal por presunto "incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad" durante las protestas.
El problema es que esta medida judicial cayó como un balde de agua fría entre los uniformados que realizaban el "sirenazo" frente a la Jefatura.
Mientras la Justicia avanza, el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció una propuesta: que ningún policía gane menos que la canasta básica. "El fondo de los reclamos lo consideramos muy aceptable y admisible", dijo el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, buscando bajar los decibeles.
Sin embargo, el clima en la calle sigue siendo eléctrico. Durante el mediodía, el jefe de la Policía de Santa Fe, Luis Maldonado, fue increpado y agredido por manifestantes mientras intentaba comunicar que se levantarían las sanciones administrativas.
Aunque el Gobierno provincial prometió devolver armas y chalecos a los 20 efectivos que habían sido pasados a disponibilidad, la causa penal contra los 11 agentes citados funciona hoy como un "freno de mano". Los voceros policiales, como el abogado Gabriel Sarla, advierten que la paz definitiva solo llegará cuando se firme el decreto de aumento y se aclare el horizonte judicial para sus compañeros.
TM