El 16 de febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional que transformó la agenda climática en un mecanismo económico concreto. A partir de ese momento, la reducción de emisiones dejó de ser únicamente un compromiso ambiental para convertirse en una variable transable. El carbono pasó a tener precio y los países en desarrollo encontraron una nueva vía de inserción en la economía global.
Brasil fue uno de los principales beneficiarios latinoamericanos de esa arquitectura. A través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el país recibió inversiones destinadas a proyectos de energía renovable, captura de metano y eficiencia industrial. Estos proyectos generaban Certificados de Reducción de Emisiones (CERs), que podían venderse en mercados europeos, convirtiendo la mitigación ambiental en ingreso financiero.
El impacto económico fue tangible. El MDL canalizó inversión extranjera directa hacia sectores estratégicos sin aumentar significativamente el endeudamiento público. La expansión de parques eólicos en el nordeste y el aprovechamiento de biomasa vinculada a la industria azucarera fortalecieron una matriz energética relativamente menos intensiva en carbono. En términos macroeconómicos, esto significó entrada de divisas y modernización tecnológica.
Además, el mercado de carbono funcionó como ingreso adicional para empresas privadas. La venta de CERs mejoraba la rentabilidad de proyectos que, sin ese incentivo, habrían sido menos atractivos. El carbono se convirtió así en un activo financiero complementario, integrando a Brasil en circuitos globales de comercio ambiental y reforzando su papel en negociaciones climáticas internacionales.

Sin embargo, la experiencia también evidenció límites. La caída del precio internacional del carbono después de 2012 redujo drásticamente la rentabilidad de muchos proyectos. La dependencia de la demanda europea mostró la vulnerabilidad de un modelo basado en incentivos externos. Cuando el mercado perdió dinamismo, parte del impulso inversor se desaceleró.

Aun con esas restricciones, el caso brasileño ilustra cómo el Protocolo de Kioto vinculó política ambiental y estrategia económica. El acuerdo no solo buscó reducir emisiones, sino que creó un mercado global que alteró decisiones de inversión, estructura productiva y posicionamiento internacional. En América Latina, el clima dejó de ser un asunto periférico para convertirse en variable de competitividad y desarrollo.