Después de más de 36 horas de máxima tensión frente a la Jefatura Regional II de Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro logró desactivar la protesta policial que mantenía en vilo a la provincia. Mediante la firma de un decreto de necesidad y urgencia, el mandatario santafesino oficializó una fuerte recomposición salarial que busca equiparar el ingreso de los agentes con la canasta básica total.
A partir de febrero, ningún efectivo de la Policía de Santa Fe ni del Servicio Penitenciario cobrará menos de $1.350.835. Esta medida abarca a todos los escalafones, incluyendo al personal administrativo, técnicos y operadores de la central de emergencias 911. Si se suma el aumento en la tarjeta alimentaria policial (que pasó de $84.000 a $168.000), el ingreso mínimo para quienes realizan tareas operativas se eleva a $1.438.835.
Esta escala salarial busca reconocer el esfuerzo diferenciado de quienes combaten el delito en las zonas más críticas de la provincia. Para los agentes que patrullan las calles de Rosario, Santa Fe capital y ciudades aledañas como Pérez o Santo Tomé, el Gobierno santafesino sumó un plus operativo de $500.000 adicionales.

El decreto firmado por Pullaro establece montos específicos según la peligrosidad y la función del agente:

El conflicto, que incluyó "sirenazos" y quemas de neumáticos frente a las unidades regionales, tuvo como detonante trágico el suicidio del suboficial Oscar "Chimi" Valdez dentro de la Jefatura de Rosario. Este hecho puso en agenda no solo los bajos salarios, sino también las urgentes demandas por mejoras en la salud mental y las condiciones de descanso de la fuerza.
En un gesto para sellar el acuerdo, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que se levantaron las sanciones a los 25 policías que habían sido pasados a disponibilidad durante el inicio de la manifestación. El gobernador Pullaro calificó el reclamo como "justo y genuino", aunque pidió evitar la difusión de informaciones falsas que buscaban profundizar la crisis política.
TM