Italia habilita bloqueos navales y endurece su ley de asilo

El gabinete encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni aprobó un proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a aplicar bloqueos marítimos en situaciones de “presión excepcional” en las fronteras italianas. La iniciativa, que aún debe ser avalada por ambas cámaras del Parlamento, marca un nuevo giro restrictivo en la política migratoria del país.

La propuesta permitiría prohibir el ingreso a aguas territoriales por hasta seis meses a embarcaciones consideradas una amenaza grave para el orden público o la seguridad nacional. Las multas podrían alcanzar los 50.000 euros y, en caso de reincidencia, contemplan la confiscación del barco. Aunque el texto no menciona explícitamente a organizaciones humanitarias, el alcance apunta directamente a las naves de rescate que operan en el Mediterráneo central.

La reciente reforma del sistema común de asilo habilita a los Estados miembros a rechazar solicitudes bajo el criterio de país seguro.

Desde su llegada al poder a fines de 2022, la coalición de derecha liderada por Meloni reforzó controles, aceleró repatriaciones y endureció penas contra traficantes de personas. El Ejecutivo sostiene que la presencia de barcos de rescate incentiva a los migrantes a emprender travesías peligrosas desde el norte de África hacia Europa, una afirmación que las organizaciones humanitarias rechazan.

La Guardia Costera italiana intensifica los controles en una de las rutas migratorias más transitadas y peligrosas hacia Europa.

La discusión se produce en paralelo a cambios aprobados esta semana en el Parlamento Europeo, que reformó el sistema común de asilo de la Unión Europea. Las nuevas normas permiten a los Estados miembros rechazar solicitudes si el solicitante pudo haber recibido protección en un país considerado seguro y establecen una lista común para facilitar devoluciones.

Italia ha sido uno de los principales puntos de entrada al continente desde la crisis migratoria de 2015, cuando más de un millón de personas cruzaron hacia Europa huyendo de guerras y crisis económicas en Medio Oriente y África. Aquella ola migratoria alteró el panorama político europeo, fortaleciendo a partidos nacionalistas y endureciendo las políticas de control fronterizo.

En el caso italiano, la ruta del Mediterráneo central se convirtió en la más letal. Miles de personas han muerto en intentos de cruce en la última década. Las ONG sostienen que su labor evita tragedias y cumple con el derecho marítimo internacional, que obliga a asistir a embarcaciones en peligro. El gobierno, en cambio, argumenta que la prioridad es frenar redes de tráfico y recuperar control sobre las fronteras.

La oposición de centroizquierda cuestionó el proyecto por considerar que no aborda las causas estructurales del fenómeno migratorio. Senadores críticos advirtieron que medidas punitivas no resolverán un proceso global vinculado a conflictos armados, desigualdad y cambio climático.

Organizaciones no gubernamentales advierten que sancionar o confiscar embarcaciones podría aumentar el riesgo de muertes en el mar.

Si el Parlamento convalida la norma, Italia quedará habilitada para aplicar restricciones marítimas más amplias que en el pasado reciente, en un contexto en el que varios gobiernos europeos reclaman mayor firmeza ante la presión migratoria. La discusión vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre seguridad, obligaciones humanitarias y derechos internacionales.