En el corazón de la Ciudad Prohibida, en Pekín, un niño de apenas seis años firmaba, a través de sus regentes, el decreto que sellaba el final de la dinastía Qing y del sistema imperial que había gobernado China desde el año 221 antes de Cristo.
La dinastía Qing, fundada en 1644 por la etnia manchú, había convertido a China en uno de los imperios más vastos y complejos del mundo. Sin embargo, a fines del siglo XIX su poder comenzó a erosionarse de manera acelerada.
Las derrotas en las Guerras del Opio frente al Reino Unido, los tratados desiguales impuestos por potencias occidentales, la cesión de territorios y la creciente influencia extranjera minaron la legitimidad imperial. A eso se sumaron rebeliones internas, como la devastadora Rebelión Taiping, y un Estado incapaz de modernizar sus estructuras al ritmo que exigía el nuevo escenario global.
Cuando Puyi ascendió al trono en 1908, tras la muerte del emperador Guangxu y de la poderosa emperatriz viuda Cixi, el imperio ya estaba en crisis. El nuevo monarca era apenas un símbolo de una estructura que se desmoronaba.
El punto de quiebre llegó en octubre de 1911, con el levantamiento de Wuchang, que dio inicio a la llamada Revolución Xinhai. El movimiento revolucionario, inspirado en ideas republicanas y nacionalistas, buscaba poner fin al régimen imperial y establecer una república moderna. Uno de los principales referentes de ese proceso fue Sun Yat-sen, quien promovía un proyecto basado en el nacionalismo, la democracia y el bienestar social.
En cuestión de semanas, varias provincias declararon su independencia del gobierno imperial. El ejército, fragmentado y con lealtades divididas, no logró contener la expansión del movimiento revolucionario. La corte Qing, consciente de que una guerra civil total podía destruir lo que quedaba del país, optó por negociar.
La abdicación fue el resultado de un acuerdo político. El poderoso general Yuan Shikai, comandante del ejército Beiyang, negoció con los revolucionarios una transición que evitara un enfrentamiento prolongado. A cambio de garantizar la salida del emperador, buscaba posicionarse como figura central del nuevo orden.

El decreto de abdicación estableció que el emperador renunciaba al trono, pero que la familia imperial conservaría ciertos privilegios, residiría en la Ciudad Prohibida y recibiría una asignación económica. Fue una forma de cerrar el ciclo imperial sin una ejecución ni una expulsión inmediata. Con esa firma, terminó oficialmente el sistema monárquico que había estructurado la política china durante más de dos milenios.
La proclamación de la República de China en 1912 marcó el inicio de una nueva etapa, pero no trajo estabilidad inmediata. El país ingresó en un período de fragmentación política conocido como la era de los señores de la guerra, con regiones controladas por caudillos militares y un gobierno central débil.
Las tensiones entre nacionalistas y comunistas, las invasiones extranjeras y las guerras internas definieron las décadas siguientes. En 1949, tras la guerra civil, el Partido Comunista proclamó la República Popular China, consolidando otro giro histórico. La caída del imperio no solo significó el fin de una dinastía. Representó el derrumbe de una concepción del poder basada en el mandato celestial del emperador y abrió paso a nuevas ideas sobre nación, soberanía y modernidad.
Aquel 12 de febrero de 1912 fue, en esencia, el momento en que China dejó atrás su pasado imperial y comenzó el complejo camino hacia la construcción del Estado contemporáneo.