El Senado aprobó en general la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, luego de una jornada marcada por negociaciones de último momento, cambios sobre el texto original y una fuerte presión sindical en las calles. La iniciativa obtuvo 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Con la media sanción, ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

La votación llegó después de que el oficialismo aceptara modificar artículos sensibles vinculados al financiamiento de sindicatos y cámaras empresarias, un giro que terminó de ordenar los apoyos necesarios en el recinto. Casi a las dos de la madrugada, faltaba la votación en particular de los capítulos del proyecto.
El cambio central fue la decisión de mantener los aportes obligatorios a gremios y cámaras empresarias, aunque con topes más bajos. Se descartó la cláusula que establecía su eliminación automática a los dos años, una de las banderas originales del proyecto.
En el caso de los sindicatos, se fijó un tope del 2% del salario, mientras que los aportes a las cámaras empresarias quedaron limitados al 0,5%.
Desde el oficialismo justificaron el giro en la necesidad de evitar el colapso financiero de gremios pequeños. “Con algunos esquemas actuales ni hacía falta esforzarse por afiliar trabajadores”, admitió un senador dialoguista durante el debate.

La reforma fue respaldada por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales. El peronismo, con el kirchnerismo a la cabeza, votó mayoritariamente en contra y estiró el debate hasta la madrugada.
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió el proyecto al sostener que Argentina tiene “una legislación laboral obsoleta”, mientras que el senador José Mayans denunció “atropellos” y cuestionó los cambios introducidos a horas de la votación.
Afuera del Congreso, la CGT encabezó una protesta contra la reforma, en una noche con incidentes aislados y fuerte despliegue de seguridad.
Otro punto incorporado sobre el final fue el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, que quedó incluido como un anexo de la ley. La medida generó resistencias entre magistrados y cuestionamientos de la oposición por no haber tenido un tratamiento específico en comisión.
En cambio, se mantuvo la exclusión de las billeteras virtuales como canales habilitados para el pago de salarios, aunque el Banco Central podría avanzar más adelante con una reglamentación.
Con la media sanción en el Senado, el proyecto pasará ahora a Diputados, donde el Gobierno deberá reabrir negociaciones para sostener el delicado equilibrio político que logró en la Cámara alta.
El oficialismo apuesta a que la aprobación en general funcione como señal política, pero el debate en particular y el tratamiento en la cámara baja anticipan nuevos cambios y resistencias.