El Gobierno nacional afrontará este jueves un nuevo día decisivo en la Cámara de Diputados, donde se pondrán a votación el proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
La sesión especial está convocada para las 11 y se espera una jornada extensa, que podría prolongarse hasta la madrugada, en el marco de una semana de hiperactividad parlamentaria que tuvo como hito la media sanción de la reforma laboral en el Senado.
Con dictámenes de mayoría ya firmados y el respaldo de bloques aliados y fuerzas dialoguistas, el oficialismo llega al recinto con expectativas de avanzar en ambas iniciativas.
En un “súper miércoles” de actividad legislativa, La Libertad Avanza logró reunir los apoyos necesarios en comisión para habilitar el tratamiento de los dos proyectos, lo que le permite encarar la sesión con optimismo.
La duración del debate dependerá, en buena medida, de si los bloques acuerdan depurar las listas de oradores para agilizar el tratamiento.
El dictamen de mayoría fue avalado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y el MID. En cambio, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa y formularon fuertes críticas.
El proyecto propone, entre otros puntos, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la creación de un régimen especial de minoridad con sanciones alternativas a las penas privativas de la libertad.
Además, establece que los menores no deberán compartir espacios de detención con adultos e incorpora medidas complementarias de resocialización.
La iniciativa descarta la posibilidad de condenas a prisión perpetua y fija un máximo de 15 años de cárcel para menores. Para delitos con penas menores a tres años se excluye la prisión, mientras que para penas de entre tres y diez años, cuando no haya muerte ni lesiones graves, se priorizan sanciones de carácter social y educativo.
A pedido de los bloques dialoguistas, el dictamen incorporó una cláusula de financiamiento para garantizar la implementación del régimen penal juvenil.
En ese marco, se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
El despacho de mayoría del acuerdo comercial fue firmado en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Mercosur, con el impulso de La Libertad Avanza y el acompañamiento de aliados y dialoguistas.
El texto, de unas 5.000 páginas, busca ratificar el entendimiento que elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y reduce barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos provenientes de Europa.
El acuerdo fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, durante una ceremonia que contó con la presencia del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi. El presidente de Brasil, Lula da Silva, no participó del acto.
El tratado aún no puede implementarse, ya que el Parlamento Europeo resolvió que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analice su impacto antes de definir su vigencia, un proceso que podría demorar meses o incluso hasta dos años. Mientras tanto, no se descarta que la Comisión Europea evalúe una aplicación provisoria.