"Hasta los 8 años": el duro pronóstico de De la Sota por la Reforma Penal Juvenil

En medio de una semana de alta tensión en el Congreso, el oficialismo busca acelerar la aprobación de uno de sus proyectos más sensibles en materia de seguridad: el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa de Javier Milei, que originalmente generó confusión al plantear la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años antes de retroceder y fijarla en los 14, despertó una reacción inmediata de la oposición.

La diputada nacional Natalia de la Sota fue una de las voces más críticas al señalar que la discusión se centra en el síntoma y no en el problema de fondo. "Es triste discutir esta ley, si bajar o no bajar la edad de imputabilidad, porque es porque el Estado y la política toda falló", disparó la legisladora por Córdoba, quien cuestionó la ausencia del Estado en los territorios donde hoy avanza el narcotráfico utilizando a niños.

La advertencia por el futuro del sistema

Para la legisladora de Defendamos Córdoba, la lógica de endurecer las penas sin políticas de prevención real llevará a la sociedad a un escenario extremo. "Si seguimos en este sentido, sin pensar en que tenemos que llegar antes... vamos a terminar bajando la edad de imputabilidad hacia los 10 o los 8", advirtió con dureza. Según su visión, Bajar la edad a 14 años no es una política de fondo y solo demuestra que el Gobierno no tiene el foco puesto en la prevención.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza contempla un presupuesto de más de 23.700 millones de pesos para su implementación, con el objetivo de lograr la "resocialización" de los adolescentes a través de capacitaciones y supervisores especializados. Sin embargo, desde la oposición señalan que la infraestructura actual de alojamiento es crítica: hoy existen solo 100 establecimientos especializados en todo el país, y muchos de ellos se asemejan a "pequeñas cárceles" que no respetan los estándares mínimos.

Penas máximas y alternativas

A diferencia de la ley actual sancionada en 1980, el nuevo régimen busca que los menores de entre 14 y 16 años puedan ser enviados a prisión efectiva para delitos graves, con una pena máxima que se redujo de 20 a 15 años durante las negociaciones parlamentarias. Para las condenas menores a tres años, se proponen sanciones alternativas como la prestación de servicios a la comunidad o la prohibición de contacto con las víctimas.

Mientras la Cámara de Diputados se prepara para una sesión especial este jueves, el debate deja expuesta una fractura ideológica profunda. Mientras el Gobierno apuesta a la responsabilidad legal del adolescente, figuras como De la Sota insisten en que, sin combatir primero la pobreza y la deserción escolar, cualquier cambio en la edad de imputabilidad será apenas una solución superficial ante la violencia.

TM