Aprobación en general
30/03/2026 - Edición Nº1147
Política
Congreso caliente
Diputados aprobó la Ley Penal Juvenil: qué implica la baja de imputabilidad a 14 años
12/02/2026 | El oficialismo logró la media sanción tras una sesión extensa, con apoyos cruzados y fuertes críticas.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley Penal Juvenil tras una sesión maratónica.
La Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley Penal Juvenil impulsada por el Gobierno, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves. La iniciativa obtuvo la media sanción tras una sesión maratónica, atravesada por cruces discursivos, cuestionamientos al enfoque punitivo y negociaciones de último momento entre bloques.
El proyecto fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y aliados dialoguistas, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra en general, aunque algunos sectores peronistas anticiparon acompañamientos parciales en artículos específicos. Ahora, el texto deberá ser tratado por el Senado para convertirse en ley.
Qué cambia con el nuevo régimen penal juvenil
La ley fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad penal y establece un régimen especial para adolescentes de entre 14 y 18 años. No aplica el Código Penal de adultos, sino un sistema diferenciado con sanciones graduales y un tope máximo de 15 años de prisión.
El dictamen aprobado prioriza medidas alternativas a la privación de la libertad, como tareas comunitarias, restricciones de circulación, reparación del daño y seguimiento judicial. La cárcel queda reservada para delitos graves, con escalas penales altas, y bajo el principio de última ratio.
El texto también prohíbe expresamente que los menores sean alojados junto a adultos y contempla acceso obligatorio a educación, salud y tratamientos por consumos problemáticos.
Los argumentos del oficialismo y sus aliados
Desde el bloque libertario, Laura Rodríguez Machado, miembro informante, afirmó que el régimen vigente “es ineficiente, injusto y heredado de la dictadura” y sostuvo que a partir de los 14 años existe discernimiento suficiente para comprender la ilegalidad de los actos.
En la misma línea, Cristian Ritondo (PRO) sostuvo que organizaciones criminales “reclutan menores porque saben que el sistema no responde” y calificó al rechazo opositor como “una forma de abandono”. Para María Gabriela Flores, diputada oficialista, la ley responde a “una demanda social clara de orden y justicia”.
El radicalismo acompañó el proyecto al considerar que establece reglas claras y un sistema moderno, aunque advirtió que modificar solo la edad no resuelve por sí sola el problema de la inseguridad.
Las críticas: presupuesto, prevención y enfoque punitivo
La oposición cuestionó con dureza el contenido y el enfoque del proyecto. Victoria Tolosa Paz acusó al Gobierno de hacer “marketing punitivo” y advirtió que el contacto temprano con el sistema penal “empeora las trayectorias de vida”.
Miguel Ángel Pichetto puso el foco en el financiamiento y consideró insuficientes los $23.000 millones previstos para implementar el nuevo régimen, especialmente para infraestructura y establecimientos especializados. En tanto, Natalia de la Sota sostuvo que el texto “promete castigo, pero no asume responsabilidades en educación, salud mental y prevención”.
Desde Unión por la Patria, Nancy Sand afirmó que la ley “no aborda el problema en toda su complejidad” y reduce un fenómeno estructural a una respuesta simplificada basada en el poder punitivo del Estado.
El trasfondo político y lo que viene
MEDIA SANCIÓN AL RÉGIMEN PENAL JUVENIL.@JMilei impulsó una ley historica, que pone fin a decadas de impunidad.
— Gabriel Bornoroni (@BornoroniG) February 12, 2026
A partir de ahora, delito de adulto, pena de adulto.
VLLC!!!. pic.twitter.com/GqcGMyvei7
La aprobación se dio en una semana clave para el oficialismo, que venía de lograr la media sanción de la reforma laboral en el Senado y buscó consolidar una señal de fortaleza parlamentaria. El debate también estuvo atravesado por el acuerdo Mercosur–Unión Europea, tratado en la misma sesión.
Ahora, el proyecto pasará al Senado, donde el Gobierno deberá volver a negociar apoyos en un escenario más ajustado. Allí podrían reabrirse discusiones sobre el financiamiento, el alcance de las penas y la articulación con políticas de niñez.
La media sanción dejó en claro que la baja de la imputabilidad sigue siendo uno de los temas más sensibles y divisivos de la agenda política, con impacto directo en el debate sobre seguridad, derechos y rol del Estado.
TM
