En una sesión maratónica cargada de tensión, la Cámara de Diputados dio media sanción a la Reforma Penal Juvenil, un proyecto que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, el punto que está generando una ola de preocupación en las familias no es solo la edad, sino la responsabilidad económica que ahora recaerá directamente sobre los padres por los crímenes que cometan sus hijos.
Qué alegría saber que el trabajo constante da sus frutos.
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) February 12, 2026
Hoy se aprobó un proyecto que incorpora partes de una iniciativa de mi autoría.
Más allá de los nombres, lo importante es que las ideas se transformen en soluciones concretas para los Argentinos.
Cuando el trabajo es… pic.twitter.com/ax9KShyaW5
La diputada Lourdes Arrieta, quien impulsó pilares clave de esta iniciativa bajo la consigna de "orden con humanidad", logró que se integre la figura de la corresponsabilidad parental al dictamen de mayoría. Según el texto aprobado, la crianza ya no es opcional y los tutores deberán responder civilmente por los actos de los menores.
El polémico Artículo 32 establece una batería de medidas cautelares que el Juez puede aplicar de inmediato a los padres del imputado:
"La misericordia no anula la justicia, la completa", sentenció Arrieta durante su intervención, que cerró con un fuerte grito de "viva Cristo" y un llamado al "coraje" para defender a las víctimas. La legisladora insistió en que el Estado no quiere "depósitos de menores", pero que es necesario que las familias se hagan cargo de la formación de sus hijos.
El nuevo régimen marca un antes y un después al eliminar la "impunidad biológica" que regía desde la dictadura. Además, se confirmó que el cumplimiento de estas medidas por parte del menor dará lugar a la reincidencia, lo que significa que el antecedente penal lo seguirá de por vida si vuelve a delinquir siendo adulto.
Tras el éxito en Diputados con 149 votos a favor, el proyecto ahora viaja al Senado. Si se convierte en ley, los padres de adolescentes en conflicto con la ley deberán afrontar no solo un proceso judicial familiar, sino una posible ruina económica si no logran acreditar que cumplieron con sus deberes de asistencia y vigilancia.
TM