La Cámara de Diputados dio este jueves media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa fue aprobada por 149 votos afirmativos y 100 negativos, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y un clima de alta tensión dentro y fuera del Congreso. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, ahora deberá ser debatido en el Senado.
El oficialismo logró reunir una mayoría amplia gracias al acompañamiento unánime de La Libertad Avanza, junto con el respaldo del Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y el MID.
También aportaron votos afirmativos, aunque con algunas disidencias internas, bloques como Provincias Unidas, Innovación Federal, Encuentro Federal, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo de San Juan. Ese entramado de acuerdos permitió alcanzar los 149 votos necesarios para la media sanción.
En Unión por la Patria el rechazo fue predominante, aunque quedaron expuestas diferencias internas. Algunos legisladores vinculados al Frente Renovador acompañaron artículos puntuales, especialmente el que fija la edad de imputabilidad en 14 años, pero no respaldaron el proyecto en general.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores votó en bloque en contra, al considerar que la reforma endurece el sistema penal juvenil y no aborda las causas estructurales del delito.

La iniciativa busca reemplazar el Régimen de Minoridad vigente desde 1980 y establece que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser imputados por delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro.
El texto fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión y contempla la posibilidad de libertad condicional a los dos tercios de la condena. Para delitos con penas menores, prevé sanciones alternativas como amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir y limitaciones para salir del país.
Además, establece que los menores no podrán compartir espacios de detención con adultos y prioriza medidas socioeducativas y de reinserción.
Antes de la votación final, el proyecto incorporó modificaciones impulsadas por la Coalición Cívica ARI, que reforzaron la prohibición de alojar menores con adultos en establecimientos penitenciarios.
También se reformó un artículo para limitar la intervención de la querella en el proceso a prueba, atribución que quedará en manos del Ministerio Público Fiscal.
Con la media sanción obtenida, el Gobierno consiguió un respaldo parlamentario significativo en una de sus reformas más sensibles. El debate continuará ahora en el Senado, donde se anticipa una nueva pulseada política.
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