Londres y el caso Vincent Chan: la condena que reabre el debate por las guarderías

La Justicia británica condenó a 18 años de prisión a Vincent Chan, un trabajador de 45 años que abusó sexualmente de niñas pequeñas a su cargo en una guardería del norte de Londres y filmó los ataques. El propio acusado se declaró culpable de 56 delitos, entre ellos agresiones sexuales con penetración, agresiones por contacto, producción de imágenes indecentes y atentado contra la decencia pública.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2022 y 2024 en la guardería donde trabajaba. Las víctimas tenían entre dos y cuatro años. Sin embargo, la investigación reveló que la conducta delictiva no se limitó a ese período: Chan también admitió cargos vinculados a la etapa en que se desempeñó en una escuela primaria londinense entre 2007 y 2017, lo que amplió la dimensión temporal del caso.

La causa se activó en 2024 cuando un colega lo denunció por sospechas de crueldad infantil tras advertir comportamientos preocupantes. Esa denuncia derivó en una investigación formal y en el posterior allanamiento de su domicilio. Allí, la Policía Metropolitana encontró dispositivos electrónicos con videos de los abusos en la guardería, grabaciones encubiertas de menores en un entorno escolar, material voyeurista y miles de imágenes indecentes almacenadas digitalmente. El volumen del material hallado fue determinante para la severidad de la condena.

La investigación fue llevada adelante por la Policía Metropolitana tras la denuncia de un colega en 2024.

Durante la audiencia en el Tribunal de la Corona de Wood Green, el juez calificó su conducta como “totalmente malvada, perversa y depravada” y subrayó que había traicionado la confianza depositada en él por padres, compañeros de trabajo y por el propio sistema educativo. En la sala se leyó una declaración en nombre de una de las madres, donde se señaló que la niña “sufrió daños en un momento en el que debería haber estado a salvo”, una frase que resume el impacto emocional del caso.

Más allá de la sentencia, el episodio reabre un debate sensible en el Reino Unido sobre los mecanismos de control y supervisión en guarderías y escuelas. En el país, el trabajo con menores exige verificaciones de antecedentes penales y controles regulatorios estrictos, además de inspecciones periódicas a los centros educativos. Sin embargo, el hecho de que Chan haya podido desempeñarse durante años en distintos entornos infantiles plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para detectar conductas abusivas cuando no existen denuncias formales previas.

El caso también pone en evidencia la importancia de los canales internos de alerta. Fue la intervención de un colega lo que permitió que la situación saliera a la luz y que se descubriera el material almacenado en sus dispositivos, frenando una cadena de abusos que podría haber continuado.

Mientras continúan las evaluaciones institucionales y las revisiones internas, la condena marca un punto judicial contundente. Pero el impacto social va más allá del fallo: afecta la confianza de las familias en espacios que deberían ser de cuidado y protección, y vuelve a instalar una discusión estructural sobre cómo reforzar los mecanismos de prevención en entornos educativos.