Dos medias sanciones y un mismo método: el Congreso se mueve al ritmo de Milei

La política parlamentaria de esta semana dejó una foto nítida: mientras el Gobierno intenta sostener su promesa de reformas estructurales, el Congreso le respondió con dos medias sanciones consecutivas que ordenan el tablero para lo que viene en febrero. El Senado aprobó la reforma laboral tras una sesión extensa, con 42 votos afirmativos y 30 negativos, y la Cámara de Diputados avanzó con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, con 149 votos a favor y 100 en contra. En ambos casos, la clave estuvo en el mismo mecanismo: objetivos ambiciosos, negociación quirúrgica, aliados “de ocasión” y un clima social que empieza a asomar como contrapeso.

En la Cámara alta, la “Ley de Modernización Laboral” se aprobó después de casi 17 horas de debate, con la sesión presidida por Victoria Villarruel. El oficialismo llegó con un punto que le complicaba la aritmética y decidió ceder antes de perder: el artículo vinculado a Ganancias fue removido del dictamen final luego de las resistencias de provincias y gobernadores, y ese recorte terminó de ordenar apoyos y despejar el recinto. La reforma quedó así con 28 modificaciones, y el Gobierno la celebró como la primera gran victoria legislativa del año, aunque el propio éxito tiene un dato incorporado: la reforma salió con poda previa para que saliera.

Afuera, la CGT se movilizó y la sesión se votó bajo tensión de calle. Hubo protestas y un clima áspero alrededor del Congreso, parte del contexto que el oficialismo busca administrar: exhibir capacidad de aprobar reformas sin pagar el precio de una escalada sindical inmediata. En términos de relato, la reforma laboral le permite a Milei exhibir que el Congreso se mueve. En términos de poder, deja un punto más delicado: el traslado del conflicto a Diputados, donde el poroteo se vuelve más caro y donde cada modificación puede obligar a reabrir la negociación.

En Diputados, el Gobierno consiguió una mayoría todavía más amplia para otra bandera de campaña: el nuevo Régimen Penal Juvenil, con baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La Cámara votó 149 a 100, sin abstenciones, y el proyecto pasó al Senado. La concesión política que ordenó esa mayoría quedó expuesta en el debate: el Gobierno y su núcleo duro habían planteado 13 años; el texto que avanzó fija 14, un cambio pensado para asegurar acompañamientos del PRO y sectores de la UCR, además de una serie de bloques provinciales.

El contenido, además, tiene un filo propio que explica la intensidad de las posiciones. El proyecto habilita el juzgamiento de adolescentes de 14 y 15 años y contempla penas que pueden llegar a 15 años de prisión, lo que activó rechazos de organismos y voces especializadas que cuestionan la eficacia de bajar la edad como política criminal y señalan la ausencia de un enfoque preventivo sostenido. En el recinto se vio una mayoría transversal con un discurso de “respuesta” frente al delito juvenil, y una oposición concentrada que insistió en el costo institucional y social de ampliar el sistema penal hacia edades más bajas. Esa tensión ahora viaja al Senado.

La semana, vista completa, muestra un Congreso que se ordena en dos planos. Por un lado, un oficialismo que consigue mayorías cuando está dispuesto a ajustar su objetivo para cerrar acuerdos: salió Ganancias en la reforma laboral para consolidar votos; subió de 13 a 14 la edad de imputabilidad para evitar una derrota en Diputados. Por otro lado, una oposición que no logra bloquear pero sí consigue que el Gobierno pague con concesiones el avance de su agenda. En el medio, el PRO y sectores del radicalismo aparecen otra vez como bisagra: ayudan a mover el Congreso, pero empujan límites que obligan a Milei a negociar en serio, no sólo a declamar.

Lo que viene ya está sugerido en el orden de la semana. La reforma laboral pasa a Diputados y allí se juega el partido más difícil: si el texto llega con puntos que los aliados quieren tocar, el Gobierno deberá elegir entre abrir cambios y correr el riesgo de perder el control del trámite, o cerrarse y exponerse a una derrota. El Régimen Penal Juvenil pasa al Senado, donde el peronismo suele tener más músculo para trabar, demorar o reescribir, y donde el debate puede moverse hacia la implementación y el costo federal del nuevo esquema.

El análisis queda para el final porque esta semana, primero, fue de hechos. Dos medias sanciones, dos cámaras, dos temas identitarios del mileísmo. La lectura política también es directa: el Gobierno busca velocidad legislativa para sostener iniciativa, y el sistema político responde con un tipo de negociación que lo obliga a moderar sin decir “moderación”. En esa fricción se juega el clima de febrero: reformas que avanzan, acuerdos que se estiran, sindicatos que miran la letra chica y un Congreso que, aun cuando le da triunfos al oficialismo, le recuerda que gobernar también significa transar.