Monteoliva bajo la lupa: qué pasó con el grupo de las 7 molotov que nadie detuvo

Un abogado presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y contra los responsables del operativo desplegado el pasado miércoles 11 en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha realizada durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

La presentación fue realizada por el letrado Leonardo Hernán Martínez Herrero, quien solicitó que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o cualquier otro ilícito que pudiera surgir a partir de la investigación.

Según el escrito, el operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad y contó con la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El foco en un grupo de siete personas

De acuerdo con la denuncia, alrededor de las 15:30 un grupo de siete personas, “perfectamente sincronizadas”, comenzó a arrojar piedras, preparar bombas molotov y lanzarlas contra los vallados dispuestos por las fuerzas de seguridad.

El abogado describe que los involucrados portaban mochilas, capuchas y cascos, y que se refugiaban detrás de maderas, mientras uno de ellos utilizaba “como escudo una bandera de DirecTV”.

Además, sostiene que cuando comenzaron los incidentes el resto de los manifestantes se replegó, quedando ese grupo aislado y plenamente visible.

Imágenes y registros disponibles

La presentación remarca que los hechos fueron registrados por cámaras de televisión, drones, redes sociales y por el propio sistema de monitoreo del comando unificado de las fuerzas de seguridad.

Para el denunciante, esto demuestra que existían elementos suficientes para identificar y detener a los presuntos agresores en el momento.

Sospechas por la falta de detenciones

El punto central de la denuncia es que ese grupo no fue detenido pese a tratarse, según el escrito, de un delito en flagrancia.

“Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido de siete personas, completamente aisladas del resto, no hayan sido detenidas de inmediato”, sostiene el abogado.

También cuestiona que los camiones hidrantes no hayan dirigido el chorro de agua hacia el lugar donde se refugiaban los agresores y que los gases lacrimógenos se hayan lanzado “bastante lejos” de ese sector.

Según el escrito, cuando las fuerzas avanzaron para despejar la plaza “detuvieron personas, pero nunca a los miembros de este grupo violento, más bien pareciera que los encubrían”.

Hasta el momento, agrega, esos individuos “no han sido detenidos ni identificados en su totalidad”.

Qué se pide a la Justicia

Entre las medidas de prueba solicitadas, el denunciante pidió que se libre oficio a canales de televisión para que aporten las imágenes de los hechos, que el Ministerio de Seguridad informe los nombres y jerarquías de los responsables del operativo y que se ordene el secuestro de las grabaciones de las cámaras de las fuerzas de seguridad y del centro de monitoreo unificado.

Para Martínez Herrero, la conducta atribuida a los responsables podría configurar un incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber ordenado la inmediata detención de los presuntos agresores.