CELS sacude la causa Mariano Ferreyra: la acusación que complica a jueces y lobistas

El juicio por el encubrimiento del asesinato de Mariano Ferreyra entró en una etapa decisiva con el inicio de los alegatos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Ante el Tribunal Oral Federal N° 8, los abogados Tomás Griffa y Delfina Yadó, representantes de Beatriz Rial, madre de la víctima, describieron la existencia de un “entramado de poder” destinado a asegurar la impunidad del entonces líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.

Durante más de cuatro horas, la querella expuso escuchas telefónicas y documentación que, según su planteo, revelan una maniobra coordinada entre funcionarios judiciales, operadores y dirigentes sindicales. En el banquillo están el exjuez Octavio Aráoz de la Madrid, el exprosecretario Luis Ameghino Escobar, el excontador sindical Ángel Staforini y Susana Planas. Pedraza y el agente de inteligencia Juan José Riquelme murieron antes del juicio.

El eje de la acusación gira en torno a conversaciones interceptadas en enero de 2011, cuando la causa por el crimen avanzaba contra los autores materiales. Según el CELS, el plan buscaba evitar que la Cámara Nacional de Casación tratara los recursos durante la feria judicial, manipular el sorteo para direccionar el expediente y asegurar un fallo favorable. Las grabaciones incluyen referencias a pagos en dólares, reuniones reservadas y un presunto monto de 75.000 dólares para influir en decisiones clave.

También se detallaron vínculos personales y profesionales entre los acusados y magistrados de Casación. La querella sostuvo que existieron ofrecimientos de favores y beneficios, como la gestión de un crédito hipotecario para un familiar de un juez, en paralelo al trámite del expediente. El plan, según la acusación, se frustró el 1 de febrero de 2011 con un allanamiento judicial que interrumpió las comunicaciones.

Justicia, poder y memoria

El alegato del CELS no solo apunta a responsabilidades individuales, sino a una lógica de funcionamiento dentro del sistema judicial. La hipótesis es que el intento de encubrimiento fue posible por redes de confianza, relaciones previas y canales informales de influencia que exceden un caso puntual.

A más de quince años del asesinato de Mariano Ferreyra, el juicio pone en debate la capacidad del Estado para investigar sus propias zonas grises. Si se comprueba la existencia de un plan para torcer el rumbo del expediente, el impacto no será únicamente penal: volverá a interpelar la credibilidad institucional y el vínculo entre poder político, sindical y judicial en la Argentina reciente.