La defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los ocho imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, solicitó a la Justicia la suspensión del juicio oral previsto para comenzar el próximo 17 de marzo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.
El planteo fue presentado por los abogados Francisco Oneto y Julio Rivas, quienes apelaron la confirmación del segundo debate oral y público por el presunto homicidio simple cometido con dolo eventual.
Según el escrito, la realización del juicio debe postergarse hasta que quede firme la decisión sobre el pedido de juzgamiento mediante jurado popular, cuestión que aún se encuentra en discusión.
La defensa recordó que el 15 de julio de 2025 solicitó que el proceso se sustancie bajo el sistema de juicio por jurados, pedido que fue rechazado por el TOC 7 el 5 de noviembre de ese año.
Contra esa resolución se presentó un recurso de apelación, cuya admisibilidad fue concedida por el propio tribunal, al considerar que la decisión podía generar un “agravio irreparable”.
Para los abogados, ese punto es central: si el tribunal reconoció que la resolución podía causar un perjuicio irreversible, no puede al mismo tiempo avanzar con un juicio técnico sin jurados.
“Ejecutar esa decisión consiste, precisamente, en celebrar el juicio sin jurado popular”, sostuvieron.
En el escrito, los defensores señalaron que existe una “contradicción insalvable” entre admitir el recurso contra el rechazo del juicio por jurados y, a la vez, fijar fecha para el debate.
A su criterio, avanzar con el proceso sin esperar una definición definitiva “implicaría consumar, en los hechos, ese agravio irreparable que el mismo tribunal reconoció al habilitar la instancia recursiva”.
Aunque el 23 de noviembre de 2025 la Cámara declaró inadmisible el recurso por mayoría, la defensa subrayó que hubo un voto en disidencia que sostuvo lo contrario, por lo que la cuestión aún no está definitivamente cerrada.
Los abogados citaron el artículo 431 del Código Procesal Penal, que establece que las resoluciones judiciales no deben ejecutarse durante la tramitación de un recurso, salvo disposición expresa en contrario.
En ese sentido, afirmaron que rechazar la suspensión del juicio “carece de andamiaje legal” y vulnera el derecho de defensa.
La defensa también dejó planteada la cuestión federal por presunta violación de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, al considerar que la falta de fundamentos y las decisiones contradictorias afectan las garantías del debido proceso.
Por todo lo expuesto, Oneto y Rivas solicitaron que se revoque la decisión que rechazó la suspensión y que se ordene frenar el debate hasta que se resuelva de manera definitiva si el juicio debe realizarse con jurado popular.
El planteo quedó ahora en manos de la Justicia, a menos de un mes del inicio previsto del juicio por la muerte del ídolo.