Durante seis años, la gestión de Axel Kicillof logró una medalla política que pocos gobernadores bonaerenses pueden exhibir: iniciar el ciclo lectivo en tiempo y forma, sin huelgas provinciales. Esa racha se quebró este viernes. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el segundo gremio con más afiliados de la Provincia, rechazó de forma unánime la última oferta salarial y confirmó un paro de 24 horas para el próximo 2 de marzo.
El conflicto surge tras una negociación virtual donde el Ejecutivo provincial propuso un incremento del 3% para los haberes de febrero. Aunque desde la Gobernación destacan el esfuerzo en un contexto de recorte de fondos nacionales, los sindicatos denuncian un "efecto maquillaje". Según explican desde la FEB, el aumento real de bolsillo es menor al anunciado porque absorbe retroactivos de enero, lo que deja la recomposición efectiva en torno al 1,5%.
"La oferta no logra recomponer nuestros salarios", sentenció Liliana Olivera, presidenta de la organización. Para el gremio, el número final que los docentes percibirán de bolsillo se aleja de la inflación proyectada

La decisión de la FEB coloca en una posición incómoda al resto del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Mientras que el SUTEBA, conducido por Roberto Baradel, calificó la oferta de insuficiente, su estrategia difiere: se sumarán a un paro nacional de CTERA contra las políticas de Javier Milei, pero mantienen abierta la negociación con Kicillof sin lanzar, por ahora, una medida de fuerza directa contra la Provincia.
EL CONGRESO DE LA FEB RECHAZÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA SALARIAL DEL GOBIERNO Y DETERMINÓ EL NO INICIO DE CLASES
— FEB (@LaFEB) February 13, 2026
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El escenario para los cinco millones de alumnos bonaerenses es de incertidumbre total. El gobierno provincial, que enfrenta una deuda de Nación estimada en $12 billones, busca evitar a toda costa la foto de las escuelas cerradas en el primer día de clases. Sin embargo, la tensión con los estatales y otros sectores como ATE y UPCN -que también rechazaron el 3%- sugiere que el conflicto salarial en provincia de Buenos Aires entró en una fase de máxima presión política.