En una sesión maratónica que reconfiguró el mapa político en el Congreso, la Cámara de Diputados otorgó la media sanción al Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Con 203 votos a favor, el oficialismo logró una victoria legislativa que no solo acelera la integración comercial, sino que también expuso las fracturas internas de la principal fuerza de la oposición.
La aprobación convierte a la Argentina en el primer socio del bloque regional en validar el texto de forma parlamentaria. El gobierno de Javier Milei apuesta a que este movimiento otorgue una ventaja competitiva estratégica frente a Brasil y Uruguay, permitiendo capturar cuotas de exportación de manera temprana una vez que el Senado ratifique el documento en las próximas semanas.
El acuerdo establece una zona de libre comercio sin precedentes que integrará a más de 450 millones de europeos con los mercados del bloque sudamericano. En términos macroeconómicos, esto representa el acceso directo a un espacio que genera más del 30% del PBI mundial, marcando un giro radical en la política exterior argentina hacia una apertura comercial profunda.
Para la gestión actual, este paso es visto como el "salto de calidad" necesario para reinsertar al país en el comercio global. El objetivo es dejar atrás años de aislamiento y permitir que las empresas locales operen bajo estándares internacionales en uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del planeta.
Con la entrada en vigor del pacto, la Unión Europea eliminará de forma inmediata los aranceles para casi el 100% de las exportaciones agrícolas del Mercosur. Productos sensibles y estratégicos como la carne bovina, la aviar, el maíz y los lácteos contarán con las cuotas de acceso más grandes que Europa haya otorgado jamás a un socio comercial.
Este punto es vital para el ingreso de divisas genuinas. Argentina busca ser el primer país en ratificar el pacto para aventajar a sus socios regionales en la pelea por las cuotas de exportación. La eliminación de gravámenes también alcanzará a productos del sector pesquero, como langostinos y calamares, que hoy enfrentan barreras de entrada significativas.

Más allá de la Pampa Húmeda, el acuerdo mejora drásticamente las condiciones para producciones de todo el territorio nacional. Se eliminan aranceles altos para frutas frescas, frutos secos, legumbres, miel y tabaco. En particular, productos con fuerte identidad territorial como el aceite esencial de limón, la yerba mate y el té verán facilitado su ingreso a las góndolas europeas.
Este beneficio fue lo que terminó de quebrar la postura de Unión por la Patria. Legisladores de provincias con economías regionales fuertes, bajo presión de sus gobernadores, decidieron diferenciarse del kirchnerismo duro y apoyar el proyecto, argumentando que no podían votar en contra de los intereses productivos de sus distritos.
Uno de los grandes triunfos del sector vitivinícola es que la Unión Europea no solo eliminará los aranceles al vino, sino que reconocerá las indicaciones geográficas argentinas. Esto significa que expresiones tradicionales como "reserva" o "gran reserva" serán protegidas legalmente en territorio europeo, un reclamo que los bodegueros locales sostenían hace décadas.
Esta medida nivela la cancha para los productores de Mendoza, San Juan y Salta, que ahora podrán competir en igualdad de condiciones con las grandes marcas europeas. La protección de estas denominaciones evita que productos de otros orígenes utilicen etiquetas que confundan al consumidor sobre la calidad y el origen del vino argentino.
Para calmar los temores de un "industricidio", el acuerdo contempla que la desgravación de las importaciones europeas sea gradual y lenta. El Mercosur tendrá plazos de 10 años o más para eliminar aranceles en sectores sensibles. En el caso específico de la industria automotriz, la apertura será escalonada y se podrán aplicar salvaguardias especiales por un período de hasta 18 años.
El diputado de La Libertad Avanza, Damián Arabia, defensor del proyecto, subrayó que estos plazos permiten que la industria nacional encare un proceso de modernización sin el riesgo de una apertura indiscriminada de un día para el otro. Se busca que las empresas locales tengan el tiempo necesario para ganar competitividad antes de enfrentar la competencia plena.
Un punto clave para la productividad es la facilitación de importaciones de maquinaria e insumos industriales desde Europa. Al reducirse los aranceles para bienes de capital, las fábricas argentinas podrán tecnificarse a costos más bajos, lo que debería traducirse en una mejora de la competitividad para agregar valor en origen.
Legisladores como Javier Sánchez Wrba sostuvieron que el 90% de lo que se importa desde Europa no son bienes de consumo final, sino herramientas para la producción. La baja de estos costos es vista como una reforma estructural que permitirá reducir el "costo argentino" para las empresas que decidan invertir en el país.
A diferencia del tratado de asociación completo, que requiere la ratificación de los 27 parlamentos europeos, el "Acuerdo Interino de Comercio" permite una implementación mucho más rápida. Una vez que la Argentina y la Unión Europea lo ratifiquen bilateralmente, las cláusulas comerciales podrán empezar a aplicarse sin esperar los tiempos burocráticos de todos los miembros del bloque.
Este mecanismo de "vía rápida" fue diseñado para evitar que el proceso quede estancado durante años por disputas políticas internas en países como Francia. Es la herramienta que le permite al Poder Ejecutivo acelerar la integración económica mientras el acuerdo político global sigue su propio curso por separado.
El pacto abre las puertas para que empresas argentinas participen en licitaciones de compras públicas en la Unión Europea en igualdad de condiciones con las firmas locales. A su vez, se liberaliza el comercio de servicios, lo que beneficia directamente a los sectores de la economía del conocimiento, software y servicios profesionales transfronterizos.
Esta apertura se basa en principios de no discriminación y transparencia. Permite que el talento argentino, especialmente en áreas tecnológicas e informáticas, pueda exportar sus servicios a un mercado sofisticado y de alta demanda, fortaleciendo un sector que ya es el tercer complejo exportador del país.
El acuerdo incluye un capítulo robusto sobre desarrollo sostenible que obliga a las partes a cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático. También establece compromisos firmes en la lucha contra la deforestación y el respeto a los estándares laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como la prohibición del trabajo infantil.
Este punto fue destacado por el sector del peronismo que acompañó la votación, liderado por figuras como Germán Martínez y Agustín Rossi. Argumentaron que el marco normativo europeo obliga a la Argentina a mantener altos estándares de protección ambiental y laboral, funcionando como un seguro contra cualquier intento de precarización extrema.
Ante las dudas sobre el alcance territorial del pacto, el texto aprobado incluye cláusulas específicas que protegen el reclamo soberano de la Argentina sobre las Islas Malvinas. El Ejecutivo aseguró que el acuerdo solo se aplica a los territorios en plena conformidad con la legislación nacional argentina y los espacios marítimos circundantes.

Esta protección fue fundamental para obtener el apoyo de sectores que, si bien son críticos del rumbo económico de Milei, consideran que la inserción internacional no debe comprometer las banderas históricas de la diplomacia argentina. El reconocimiento de la jurisdicción nacional es un blindaje jurídico clave ante el escenario internacional.
TM