La pulseada política por la medición de la suba de precios llegó a los tribunales de Comodoro Py con una nueva presentación judicial de alto impacto. Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, formalizaron una denuncia penal contra el Ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas irregularidades en el manejo de las estadísticas oficiales del INDEC.
Denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo
— Julia Strada (@Juli_Strada) February 13, 2026
Junto a los diputados nacionales del Bloque de Unión por la Patria @gerpmartinez y @PaulaPenacca, esta mañana presentamos una denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo por violación de los deberes de… pic.twitter.com/Gs90QawO1M
La acusación principal sostiene que el funcionario incurrió en los delitos de abuso de autoridad, violación de secretos y falsificación de documentos públicos. Según el texto presentado, el Ministerio de Economía habría intervenido para postergar la implementación de una nueva metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que debía entrar en vigencia en enero de 2026, con el objetivo de evitar que el impacto de los aumentos en las tarifas de servicios públicos se refleje con mayor fuerza en el número final de inflación.
Eso es falso @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines.
— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 3, 2026
Podes chequearlo con ellos mismos. https://t.co/griGbkh8gD
La controversia escaló tras una publicación del propio Luis Caputo en su cuenta oficial de la red social X. En ese mensaje, el Ministro no solo reconoció que existía una diferencia en el resultado de la inflación según el método de cálculo que se aplicara, sino que además adelantó que la inflación sería menor al 3% antes de que el INDEC lo difundiera de manera pública.
Esta conducta es señalada por los denunciantes como una violación flagrante del secreto estadístico contemplado en la ley 17.622. La Justicia deberá determinar si el mensaje en redes sociales constituye una filtración ilegal de datos sensibles que beneficia a sectores financieros específicos. Las normativas vigentes prohíben cualquier tipo de interferencia política en la difusión de datos para garantizar la independencia técnica del organismo encargado de las estadísticas.

Para los legisladores de la oposición, la decisión de mantener un índice basado en componentes desactualizados no es una cuestión técnica menor, sino que tiene consecuencias sociales directas. Al "pisar" el dato inflacionario, se altera automáticamente la fórmula de movilidad que determina los aumentos en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
El impacto también se traslada al sector privado y público, ya que el IPC es el termómetro utilizado en las negociaciones paritarias para recomponer los salarios frente a la pérdida de poder adquisitivo. Los denunciantes sostienen que la postergación del nuevo índice busca artificialmente mejorar los indicadores macroeconómicos a costa de los ingresos de los trabajadores y los jubilados.
Esta presentación se suma a un tablero judicial que ya registra movimientos previos por el mismo tema. Días atrás, el secretario general de ATE Neuquén radicó una denuncia contra el presidente Javier Milei, mientras que el diputado nacional Esteban Paulón hizo lo propio el pasado martes contra Luis Caputo, Manuel Adorni y las autoridades del INDEC, Pedro Lines y Josefina Rim.
La acumulación de causas judiciales pone bajo la lupa la transparencia del sistema estadístico nacional en un contexto de fuerte ajuste tarifario. Mientras el Gobierno defiende la legalidad de sus actos, la oposición reclama la interpelación del ministro en el Congreso para que explique por qué se alteró un cronograma de modernización del IPC que ya estaba resuelto por el organismo técnico desde octubre de 2025.
TM