El gobierno de Javier Milei, impulsado por sus recientes victorias en el Congreso, comenzó a diseñar una ambiciosa reforma electoral con la mirada puesta en los comicios de 2027. La mesa política de la Casa Rosada busca aprovechar el actual "veranito legislativo" para introducir cambios estructurales que no solo afectan la forma de votar, sino también el mapa de representación en la Cámara de Diputados.
Aunque no hay definiciones finales, integrantes del estrecho entorno presidencial ya puntean los artículos de un proyecto que pretende ser anunciado durante la apertura de sesiones ordinarias en marzo. La iniciativa retoma capítulos que quedaron fuera de la Ley Bases original y apunta a un sistema que privilegia la verticalidad y el ahorro fiscal.
El objetivo central del oficialismo es la eliminación permanente de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Tras haber logrado su suspensión circunstancial para las legislativas de 2025, la intención ahora es suprimirlas del calendario electoral de forma definitiva para reducir el gasto público y fortalecer la vida interna de los partidos.
Desde la cúpula de La Libertad Avanza argumentan que este esquema no es necesario para una fuerza que define sus candidaturas bajo el mando directo de Karina Milei. El Gobierno busca argumentar que esa instancia eleccionaria implica un costo fiscal que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a financiar. En términos políticos, la eliminación de las PASO obligaría a la oposición a ordenar sus liderazgos sin el paraguas del Estado, favoreciendo la polarización directa con el presidente.

Con la Boleta Única de Papel (BUP) ya convertida en ley, el oficialismo busca introducir un cambio clave en su diseño: el casillero que habilita a votar la lista completa con una sola marca. Esta medida permitiría que la figura presidencial traccione a las categorías inferiores, como diputados y senadores nacionales, garantizando que el arrastre del nombre más importante de la boleta sea efectivo.
El equipo jurídico que responde a Santiago Caputo analiza cómo implementar esta marca electoral para simplificar el proceso al votante. Para el Gobierno, la incorporación de este casillero es fundamental en una elección donde la boleta será más extensa de lo habitual, ya que incluirá categorías como Parlamentarios del Mercosur en todo el país.
La reforma también planea meter mano en la distribución de escaños por provincia, basándose en los datos del Censo 2022. La propuesta busca actualizar la fórmula de representación, lo que beneficiaría a los distritos más poblados y perjudicaría a las provincias con menos electores, eliminando el piso mínimo de cinco bancas establecido por ley desde 1983.
Bajo este esquema, la provincia de Buenos Aires podría sumar alrededor de 30 nuevos asientos en la Cámara de Diputados, mientras que la Ciudad de Buenos Aires y provincias como Catamarca, La Pampa o Tierra del Fuego perderían representación, quedando con un mínimo de apenas dos escaños. Este cambio se complementaría con el intento de implementar la "uninominalidad", dividiendo las provincias en pequeñas circunscripciones donde cada una elija a un solo representante.
El proyecto de la Casa Rosada contempla un endurecimiento en las reglas de supervivencia de los sellos partidarios y un cambio radical en su financiamiento. La intención es elevar los requisitos de afiliación y de presencia territorial para que un partido pueda ser considerado de orden nacional, buscando reducir drásticamente la cantidad de espacios electorales existentes.
En cuanto al dinero de campaña, se propone eliminar el aporte extraordinario que el Estado otorga para las actividades proselitistas, permitiendo en cambio un mayor flujo de aportes privados y de personas jurídicas. Este modelo, similar al sistema estadounidense, apunta a que el financiamiento sea mixto y con menores restricciones para las donaciones individuales, eliminando a su vez la gratuidad de los espacios de publicidad en medios de comunicación.
TM