Sturzenegger avanza sobre el corazón del empleo público: ¿adiós a la "estabilidad"?

Tras una primera etapa marcada por el recorte directo de más de 61.000 puestos de trabajo, el gobierno de Javier Milei puso en marcha la "Fase 2" de su plan para el sector público. El objetivo, coordinado por el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger, es transformar las reglas de juego para los 280.120 empleados que hoy conforman la dotación estatal, atacando lo que la Casa Rosada considera un "mito": la estabilidad absoluta de la planta permanente.

Desde el Ejecutivo advierten que durante décadas predominó una interpretación errónea del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que asegura la "estabilidad del empleado público". Según la visión oficial, este derecho se transformó en una imposibilidad casi total de desvincular personal, sin importar su desempeño. La estabilidad no implica ausencia de obligaciones, resumen desde el entorno de Sturzenegger, marcando el inicio de un proceso que busca profesionalizar el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

El blindaje legal y el dilema de cómo cambiarlo

A diferencia del empleo privado, donde rige la "estabilidad impropia" (el empleador puede despedir pagando una indemnización), el sector público cuenta con una estabilidad propia. Este principio tiene su traducción técnica en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público (N° 25.164). Históricamente, la Justicia -especialmente tras el fallo "Madorrán" de la Corte Suprema- ha sostenido que si el Estado desvincula a un empleado de planta sin causa justa, debe reincorporarlo.

Para cambiar esta situación de fondo, el Gobierno enfrenta un camino de alta complejidad jurídica. Una reforma definitiva requeriría modificar la Constitución Nacional, algo que exige una mayoría de dos tercios en el Congreso para declarar la necesidad de la reforma. Una vía intermedia y más accesible es la modificación de la propia Ley 25.164, que podría flexibilizar los regímenes de sumarios y las causas de cese, aunque cualquier cambio de este tipo terminaría siendo judicializado por los sindicatos estatales.

El plan inmediato: reestructuración y disponibilidad

Mientras se debaten los cambios legales de fondo, la gestión libertaria avanza con las herramientas que ya tiene a mano para romper la inamovilidad. El mecanismo central es el pase a disponibilidad, que se activa cuando un organismo es disuelto o reestructurado. Bajo este esquema, el trabajador permanece hasta un año cobrando su sueldo; si no es reubicado en ese plazo, se procede a la baja definitiva con indemnización.

Hasta el momento, se han registrado más de 1.000 casos bajo este procedimiento. Aunque algunos episodios puntuales no fueron convalidados por la Justicia, en la mayoría de las situaciones los fallos resultaron favorables a la posición oficial. Para fortalecer esta estrategia, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una cooperación de USD 230.000 que respaldará la modernización de estructuras y el ordenamiento de las prácticas de gestión de personal.

El modelo a seguir y el rechazo gremial

La aspiración de la Casa Rosada es replicar sistemas de excelencia ya existentes en el Estado, como el del Servicio Exterior de la Nación o el cuerpo de Administradores Gubernamentales. En estos sectores, el ingreso se realiza por concurso público y la permanencia está atada a un esquema formal de capacitación y formación inicial.

Sin embargo, desde los gremios el clima es de desconfianza total. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, cuestionó que el Gobierno hable de profesionalización tras haber suspendido fondos destinados a capacitación y desmantelado institutos de administración pública. La pulseada por la planta permanente recién comienza y promete ser el próximo gran frente de batalla judicial entre el Estado y los sindicatos.