No desenfunden el F.A.L.

El martes de esta semana, como ya se convirtió en una sana costumbre, adelantamos en la columna pasada el dato del IPC Nacional: 2,9%, medido con la canasta de 2004 sin actualizar.

Pero el grueso de la información semanal estuvo dominado por la denominada “reforma laboral”. Dentro de ella se incorpora el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuya función es recaudar recursos para cubrir los despidos que se generen a futuro tras la eventual promulgación de la ley, siempre que la norma no sea posteriormente judicializada por inconstitucionalidad. Cabe señalar que la incorporación de los fondos necesarios para dichas coberturas se realizaría mediante la asignación directa del 2,5% de las contribuciones patronales que los empleadores pagan a ARCA, montos que anteriormente ingresaban conjuntamente con los aportes del trabajador a la ANSeS.

Para simplificarlo: del 18% que hoy abona el empleador en concepto de contribuciones patronales, de promulgarse la norma sin objeciones, pasaría a ingresar a la ANSeS el 15,5%. A primera vista puede parecer marginal, pero según los datos de enero publicados por ARCA -disponibles en su informe estadístico oficial-, sobre un total de $3,4 billones en contribuciones, el FAL recibiría aproximadamente $85.000 millones mensuales. De ese monto, el 1% ($850 millones, o USD 607 millones por mes) correspondería a comisiones por su administración.

En definitiva, se configuraría un negocio de magnitud con recursos provenientes de los contribuyentes -que los dueños de empresas nunca dejan de ser-, lo que habilita la ya conocida expresión: “…con la tuya, contribuyente…”.

Proyectado a 12 meses, aguinaldos incluidos, el volumen anual alcanzaría los $43,2 billones, generando comisiones por $4,32 billones, equivalentes a USD 3,09 millones, sin considerar intereses. El punto central, sin embargo, radica en que la detracción de esos fondos de la ANSeS podría constituir la antesala de una nueva reforma previsional. Según lo anticipado por el Gobierno nacional y en línea con lo firmado en el acuerdo con el FMI de abril de 2025, el cálculo inicial podría reducirse al 70% del promedio de los últimos diez años trabajados.

Asimismo, desaparecería el esquema de incrementos por exceso de años aportados, que permitía adicionar un 1,5% anual desde el año 31 hasta el año 45 de aportes, alcanzando hasta un 92% del promedio salarial. En este contexto, la desfinanciación del sistema previsional abriría nuevamente la puerta a un modelo similar al de las antiguas AFJP. En combinación con el FAL, el resultado podría traducirse en mayores comisiones en dólares y jubilaciones a la baja respecto de las actuales, además de eventuales modificaciones en la edad de acceso, con una equiparación en los 70 años para hombres y mujeres.

A ello se suma un dato relevante: la recaudación nacional acumula siete meses consecutivos de caída en términos reales respecto del mismo mes del año anterior. En enero de 2026, la recaudación creció un 22% interanual, frente a una inflación acumulada del 32,4% en igual período, lo que refleja un escenario recesivo, pese a los movimientos previamente reconocidos en el EMAE por el propio INDEC.

Precisamente en relación con el INDEC, el último Indicador de Capacidad Utilizada de la Industria arrojó un nivel de 53,8%. En términos prácticos, ello implica que apenas cinco de cada diez máquinas se encuentran operativas. Los sectores con peor desempeño a diciembre de 2025 fueron la industria metalmecánica (38,9%), la textil (35,2%) y la automotriz (31,2%). Este deterioro fue confirmado por el propio sector automotor, que informó para enero de 2026 un uso de capacidad del 27% y una caída de producción del 20% respecto de enero de 2025.

El actual nivel de utilización de la capacidad instalada (53,8%) solo encuentra antecedente cercano en junio de 2020, en plena pandemia, cuando el indicador se ubicó en 53,3%, en un contexto de actividad prácticamente paralizada.

Volviendo al frente fiscal, trascendió que desde el Ministerio de Economía se habría comunicado a gobernadores y autoridades locales que, durante el primer trimestre de 2026, la restricción de recursos será generalizada. En ese marco, tampoco habrían sido remitidos a las provincias patagónicas los $100.000 millones previstos en la Resolución 91/2025 del Ministerio de Seguridad para atender los incendios en la región, situación que ya habíamos anticipado el 01/02/2026 en la columna “El número favorito es 100 o 1000”.