Semana de alto voltaje: reformas, la justicia activa y crisis salarial en un país en tensión

La semana política dejó una postal intensa: el oficialismo consiguió mover piezas centrales de su programa en el Congreso, mientras la conflictividad social y los frentes judiciales volvieron a ganar protagonismo.

Entre celebraciones oficiales, advertencias opositoras y protestas sectoriales, el escenario combinó reformas estructurales, presión económica y disputas en tribunales.

Reformas y acuerdos: victorias en el Congreso

El capítulo dominante fue la reforma laboral, que el Gobierno logró aprobar en el Senado tras una negociación de último momento. La media sanción no fue lineal: el oficialismo aceptó modificaciones sensibles para garantizar votos, especialmente en el esquema de aportes sindicales y empresariales. La aprobación fue presentada por la Casa Rosada como un hito de “modernización”, mientras la CGT y sectores opositores anticiparon una ofensiva judicial para cuestionar su constitucionalidad.

Pero el debate dejó además un capítulo de alto contenido político y simbólico: la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. La eliminación de la ley que regula la actividad desde 1946 fue leída por amplios sectores como una avanzada directa contra el periodismo.

En Diputados, el oficialismo también avanzó con otra bandera de alto impacto: la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa obtuvo una mayoría amplia y reactivó un debate histórico sobre seguridad, política criminal y derechos de la niñez. El proyecto ahora pasará al Senado, donde se prevé una discusión cargada de tensión política.

El tercer movimiento estratégico fue la media sanción al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El Gobierno aceleró su tratamiento y logró un respaldo transversal que dejó expuestas fracturas en la oposición. Para la administración libertaria, la aprobación simboliza un giro definitivo hacia la apertura económica; para sus críticos, implica riesgos para sectores industriales sensibles.

Tribunales en movimiento: ANDIS, FMI y Cristina Kirchner

El frente judicial también aportó episodios de fuerte impacto político. En la causa por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el expediente registró un cambio de juez que alteró el clima del caso y fue interpretado en ámbitos políticos como un movimiento que podría favorecer la posición del Gobierno. La investigación, que involucra al ex titular del organismo Diego Spagnuolo, gira en torno a denuncias por sobreprecios y retornos en contrataciones públicas, en un área especialmente sensible del Estado.

En paralelo, la causa por el acuerdo con el FMI de 2018 volvió a escena. La apelación del fiscal Franco Picardi contra el archivo del expediente reintrodujo presión política sobre Mauricio Macri y ex funcionarios de su gobierno, entre ellos Luis Caputo y Federico Sturzenegger, hoy figuras centrales del gabinete de Javier Milei. El eventual avance del caso reabre un debate que mezcla decisiones económicas, responsabilidades legales y derivaciones políticas.

La situación judicial de Cristina Kirchner también sumó novedades. Casación quedó en condiciones de resolver sobre bienes vinculados a la familia Kirchner en la ejecución de la condena por Vialidad, mientras otro fallo ratificó restricciones en su régimen de detención domiciliaria. Cada movimiento judicial vuelve a instalar a la ex presidenta en el centro del tablero político.

Provincias en alerta: salarios, policías y docentes

Mientras el Congreso y la Justicia concentraban titulares, el mapa provincial mostró señales de creciente tensión. En Santa Fe, la protesta policial escaló hasta poner en jaque la normal prestación del servicio de seguridad. La crisis obligó a negociaciones urgentes y derivó en anuncios de recomposición salarial. El episodio expuso un dilema estructural: fuerzas de seguridad reclamando mejoras en un contexto de deterioro de ingresos.

Situaciones similares de malestar salarial aparecieron en Mendoza, reflejando un patrón común en varias jurisdicciones. La combinación de inflación, restricciones presupuestarias y caída de recursos reales tensiona las negociaciones paritarias y amplifica la conflictividad sectorial.

En la provincia de Buenos Aires, el foco se desplazó hacia el sistema educativo. El rechazo sindical a la oferta salarial y la amenaza de paro docente introdujeron incertidumbre sobre el inicio del ciclo lectivo. El conflicto deja en evidencia la presión que enfrentan las administraciones subnacionales ante la escasez de recursos.