Al cumplirse un año del estallido del caso $LIBRA -la criptomoneda que tuvo una abrupta suba y posterior desplome tras su difusión en redes sociales- la investigación judicial continúa sin pasos procesales decisivos. Pese a la magnitud pública del episodio y a las denuncias presentadas por inversores que aseguran haber sufrido pérdidas económicas, el expediente todavía no registró indagatorias formales ni citaciones a testigos clave.
La causa, que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, se mantiene en una etapa preliminar centrada en la recolección de documentación y peritajes técnicos vinculados a movimientos financieros digitales. Sin embargo, querellantes y especialistas en derecho informático advierten que la ausencia de declaraciones testimoniales y de imputaciones claras debilita el impulso del proceso y alimenta sospechas de dilación.

El episodio tuvo fuerte impacto político por la participación comunicacional del propio Presidente en la difusión inicial del activo digital, lo que derivó en pedidos de informes y cuestionamientos de la oposición parlamentaria. Desde sectores críticos del oficialismo sostienen que el caso expuso un esquema de promoción riesgosa de instrumentos financieros sin regulación suficiente, mientras que voces cercanas al Gobierno argumentan que se trató de una iniciativa privada ajena a la administración pública.
En paralelo, los que siguieron la recomendación presidencial y compraron el producto, continúan impulsando reclamos judiciales y exigen mayor celeridad para determinar si existieron responsabilidades penales, administrativas o meramente comerciales. A un año del episodio, la falta de resoluciones concretas mantiene abierto un debate que combina tecnología, política y confianza pública en los mecanismos de control estatal.
Poco después de que estallara la controversia por $LIBRA, el presidente Javier Milei concedió una entrevista televisiva al periodista Jonatan Viale con el objetivo de tomar distancia del proyecto y aclarar que, según su versión, se trataba de una iniciativa privada sin vínculo formal con el Estado. Sin embargo, el intento de despegarse del episodio generó aún más repercusión cuando comenzó a circular en redes sociales un video previo a la emisión en el que se veía a su entonces asesor Santiago Caputo interrumpiendo una pregunta del conductor.
Ese fragmento, difundido ampliamente, alimentó suspicacias y críticas de la oposición y de sectores periodísticos, que interpretaron la intervención como un intento de evitar una respuesta que pudiera tener implicancias judiciales o políticas. Lo que dejó esa nota -además de la censura- fue la frase de Milei: "yo no lo promocioné, lo dufundí"