Pasado mañana comenzará el juicio por un crimen que despertó una enorme conmoción en el país: el cruel asesinato de Kim Gómez, la nena de 7 años que fue asesinada en un intento de robo en la ciudad de La Plata.
El proceso penal tiene como eje al joven que tenía 17 años al momento del hecho. Será juzgado bajo la figura de “homicidio en ocasión de robo”, según el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil vigente. A su vez, el otro implicado en la causa, que hoy supera la mayoría de edad, tenía apenas 14 años cuando ocurrió el crimen y fue declarado inimputable, permaneciendo bajo medidas de seguridad dispuestas por el organismo de niñez. Esa disparidad legal en el tratamiento de los dos involucrados alimentó desde un primer momento el debate público sobre cómo se aplica el sistema penal juvenil en Argentina.
El 25 de febrero de 2025, Kim fue arrastrada por varias cuadras colgada del automóvil de su madre tras un intento de robo. El vehículo había sido sustraído por los dos adolescentes en plena vía pública y, producto de la brutalidad del hecho, la pequeña perdió la vida a causa de las graves lesiones sufridas. La escena generó una conmoción inmediata, con múltiples marchas y pedidos de justicia que trascendieron los límites de La Plata.
Con la fecha de inicio del juicio ya confirmada, la madre, el padre y familiares de Kim se preparan para revivir el horror en cada testimonio, cada prueba y cada palabra que se pronuncie ante el tribunal. Para ellos, este debate oral es mucho más que la definición de una responsabilidad penal: representa la posibilidad de que el sistema judicial reconozca la dimensión del daño causado y que, en esta instancia, la sentencia marque un hito de reparación simbólica.
El caso también volvió a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende a los protagonistas del expediente: la edad de imputabilidad penal. En las últimas semanas, ese punto fue objeto de discusión en el Congreso y en foros jurídicos, aunque cualquier cambio en la ley no tendrá efecto retroactivo sobre este proceso en particular.
La audiencia que se avecina no solo dirimirá la responsabilidad de un hecho que conmovió a miles, sino que también planteará, otra vez, las tensiones entre justicia, prevención y políticas públicas dirigidas a la juventud en conflicto con la ley. Para la familia de Kim, y para muchos que siguieron el caso, está en juego algo más profundo que una condena: la memoria de una niña que no debería haber muerto.