Congreso en marcha, economía en pausa

El Gobierno abre la semana con el Congreso como escenario principal. La agenda parlamentaria funciona como prueba de mando en un momento donde la economía ofrece señales menos obedientes. En ese marco entra el diagnóstico que volvió a circular con fuerza en las últimas horas: un cuadro de inflación persistente con actividad estancada, caída del empleo formal y cierre de empresas. La frase “inflación con estancamiento” resume un problema que complica el relato oficial de desinflación virtuosa.

Con ese telón de fondo, el primer frente legislativo de la semana pasa por Diputados. La reforma laboral, ya aprobada en el Senado por 42 votos a 30 tras una sesión extensa, llega a la Cámara baja con un objetivo claro del oficialismo: evitar cambios. Cada retoque obligaría a devolver el texto al Senado y reabrir una negociación que el Gobierno prefiere dar por cerrada. La CGT, que se movilizó durante la discusión en la Cámara alta, mantiene su rechazo y monitorea el trámite en Diputados con la lógica habitual: presión en la calle y disputa artículo por artículo.

En paralelo, el Senado queda con un expediente que viene en sentido inverso: el nuevo Régimen Penal Juvenil, con baja de edad de imputabilidad a 14 años, que Diputados aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. El Gobierno buscará capitalizar esa mayoría transversal para acelerar el tratamiento en la Cámara alta, donde el peronismo suele tener mayor capacidad para demorar o reescribir.

A esa doble pista se suma un paquete de discusiones que pueden generar fricción por intereses cruzados más que por alineamientos partidarios. Una de ellas gira alrededor de regulaciones financieras y billeteras virtuales, con impacto potencial sobre el cobro de salarios y el sistema bancario, un terreno donde aparecen presiones de bancos, fintech, provincias y sectores empresarios con lobby propio. Otra discusión en agenda es la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que ya tuvo avances en Diputados y que el oficialismo intenta empujar como mensaje de apertura externa, aunque el debate sectorial promete resistencia en industrias sensibles.

El punto político de la semana queda marcado por esa convivencia incómoda: reformas avanzando en el Palacio y una economía que, en la lectura que combina inflación que dejó de caer al ritmo esperado con una actividad que no despega. En ese clima, cada sesión funciona como señal hacia adentro y hacia afuera: hacia los mercados, para sostener expectativa de “modernización”; hacia la sociedad, para exhibir gobernabilidad; hacia aliados, para recordar que la agenda se define en la mesa de negociaciones.

La semana puede dejar dos fotos distintas. Una, la del Gobierno logrando mantener el texto laboral en Diputados y empujando el régimen penal juvenil en el Senado, con velocidad legislativa antes del arranque formal de sesiones ordinarias. Otra, la de un oficialismo que consigue poroteo pero paga costo social, con sindicatos activando resistencia y con el diagnóstico económico circulando como advertencia: la política se mueve más rápido que la producción.

A esa dupla se suma un frente que también busca velocidad: la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que Diputados aprobó con amplia mayoría y que, según las crónicas recientes, podría llegar al Senado antes de fin de mes. El Gobierno lo empuja como mensaje de apertura, previsibilidad y alineamiento externo; el debate industrial y laboral, en cambio, promete volverlo un tema menos celebratorio cuando toque el detalle sector por sector.

El cuarto frente es más silencioso, pero puede volverse áspero: la discusión sobre regulación de billeteras virtuales, bancos y, sobre todo, la idea de habilitar el cobro de sueldos en billeteras. Ahí aparecen intereses cruzados que no responden al esquema clásico oficialismo-oposición, sino a gobernadores, bancos provinciales y jugadores privados con peso propio. Es el tipo de debate que no se ordena con épica y que suele trabarse donde más le duele al Gobierno: en la cocina de Diputados, donde cada sector reclama su corrección de texto.

La pregunta que deja armada la semana es incómoda y concreta: ¿qué significa acelerar reformas en un Congreso que hoy parece más permeable, mientras se instala la sospecha de que la economía no arranca y la inflación vuelve a empujar hacia arriba? En ese marco, la estrategia parlamentaria puede leerse como necesidad política: mover el tablero institucional para no quedar detenido frente al tablero económico.