Un retuit del Gordo Dan reavivó la discusión sobre menores y delito tras un mensaje sobre Cosquín Rock

Un nuevo mensaje replicado por Daniel Parisini, alias Gordo Dan volvió a encender la discusión pública en redes sociales sobre la edad de imputabilidad y el rol de los menores en hechos delictivos. El retuit correspondió a una cuenta identificada como “Juan Pérez”, que hacía referencia a un episodio ocurrido durante el festival Cosquín Rock, donde -según el texto- se habría pedido por la situación de un menor de 12 años presuntamente vinculado a actividades delictivas.

La publicación sostenía que el adolescente “ni siquiera entra en la Ley Penal Juvenil” y lo describía como parte de un escenario de inseguridad, utilizando un tono confrontativo que rápidamente generó repercusiones. El mensaje fue compartido por Parisini, figura con fuerte presencia en la fauna digital afín al oficialismo, lo que amplificó su alcance y provocó una ola de respuestas tanto de apoyo como de rechazo.

En el Cosquín Rock pidieron por el menor de edad (12 años) que choreaba con una banda criminal y se tiroteaba con la Policía.

12 años tenía, ni siquiera entra en la Ley Penal Juvenil que se aprobó y ya andaba de caño robando. Este es el enemigo al que nos enfrentamos. pic.twitter.com/3SXViFwqPH

— Juan Doe (@jdoedoe101101) February 15, 2026

Mientras algunos usuarios interpretaron el retuit como una advertencia sobre la necesidad de endurecer las políticas de seguridad y revisar los límites de edad para la imputabilidad, otros cuestionaron la generalización y el señalamiento público de menores, remarcando la importancia de resguardar derechos y evitar estigmatizaciones.

El cruce volvió a poner en agenda un debate recurrente en la Argentina: hasta qué punto las redes sociales influyen en la construcción de la percepción de inseguridad y cómo los mensajes de figuras con alto número de seguidores pueden moldear la discusión política. En paralelo, especialistas en niñez y organizaciones civiles suelen advertir que la exposición de menores en contextos delictivos requiere un tratamiento cuidadoso para no vulnerar garantías básicas ni simplificar problemáticas sociales complejas.