Durante la Reforma Laboral
17/02/2026 - Edición Nº1106
Política
17 de febrero de 2016
A 10 años del protocolo antipiquetes de Bullrich y Macri: negociación y megáfono fallido
17/02/2026 | En un creciente clima de conflictividad social, Patricia Bullrich intentaba "ordenar la calle". Qué decía aquella versión del protocolo.
Patricia Bullrich y Mauricio Macri durante un acto en la gestión de Cambiemos.
A diez años de uno de los anuncios más emblemáticos del inicio del macrismo, el debate sobre el control de las protestas sociales vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
El 17 de febrero de 2016, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaba el denominado protocolo antipiquetes, una herramienta destinada a regular las manifestaciones en la vía pública durante el gobierno de Mauricio Macri.
Desde entonces, su aplicación atravesó distintos momentos, con avances, retrocesos y controversias. Durante la gestión de Cambiemos tuvo un cumplimiento intermitente, mientras que en la actualidad, bajo el gobierno de Javier Milei, el esquema fue retomado con mayor rigor, profundizando tensiones con sectores sociales y organismos de derechos humanos.
El anuncio en Bariloche y el contexto político
La aprobación del protocolo se produjo en una reunión del Consejo de Seguridad Interior realizada en San Carlos de Bariloche, donde participaron autoridades nacionales y ministros provinciales del área.
En ese marco, Bullrich sostuvo que el gobierno buscaba modificar una dinámica instalada durante años: “No vamos a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte”, afirmó entonces. El objetivo declarado era ordenar las protestas y evitar que las interrupciones del tránsito se convirtieran en un problema cotidiano.
Según informó el Ministerio de Seguridad en aquel momento, el protocolo contó con el respaldo del 80% de las provincias, aunque no se precisó cuáles expresaron su rechazo.
Un nuevo paradigma para las manifestaciones
La normativa fue presentada como un intento de establecer reglas claras para el accionar de las fuerzas de seguridad frente a protestas sociales. Cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires debían adaptar el protocolo a sus marcos legales y procedimientos judiciales.
Uno de los ejes centrales fue la diferenciación entre manifestaciones espontáneas y programadas. En el caso de las protestas organizadas, las autoridades debían contactar previamente a sus referentes para acordar recorridos, horarios y condiciones, con intervención judicial si fuera necesario.
El texto también enfatizaba la obligación de garantizar la libre circulación de personas y bienes, prestando especial atención a grupos vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Protesta de diciembre del 2017 contra la reforma previsional
Los pasos previstos ante un corte de calles
El protocolo establecía un procedimiento escalonado frente a una protesta:
- Comunicación inmediata con el Ministerio de Seguridad correspondiente.
- Apertura de una instancia de negociación para levantar el corte.
- Advertencia pública a los manifestantes mediante altavoces o megáfonos.
- Notificación sobre las posibles consecuencias legales, en particular el artículo 194 del Código Penal.
- Intervención y disolución de la protesta en caso de incumplimiento.
Una vez restablecida la circulación, el Estado debía promover una nueva instancia de diálogo para canalizar los reclamos hacia las áreas correspondientes.
Prevención de la violencia y uso de la fuerza
El protocolo también contemplaba situaciones de violencia o vandalismo. Preveía el aislamiento e identificación de personas que portaran armas, elementos contundentes o materiales inflamables, así como el secuestro de esos objetos.
En caso de daños a bienes públicos o privados, se habilitaba la detención de los responsables y el inicio de acciones civiles para la reparación. Además, se remarcaba que el uso de la fuerza debía ser siempre el mínimo indispensable, limitado a situaciones de legítima defensa o comisión de delitos.
Aplicación irregular durante el gobierno de Cambiemos
Durante la gestión de Cambiemos, el protocolo tuvo una implementación desigual. En algunos momentos fue aplicado con firmeza, mientras que en otros quedó relegado frente a negociaciones políticas o coyunturas sociales complejas.
Las protestas, los acampes y los cortes continuaron siendo una herramienta habitual de los movimientos sociales, lo que reflejó las dificultades para sostener una política uniforme en todo el país.
Una aprobación marcada por la conflictividad social
La presentación del protocolo en 2016 coincidió con una jornada atravesada por múltiples cortes en distintas provincias. Las protestas estaban motivadas, en gran medida, por el reclamo de liberación de la dirigente social Milagro Sala, detenida en Jujuy.
Ese contexto evidenció, desde el inicio, que la iniciativa se inscribía en un escenario de alta conflictividad, donde el equilibrio entre el derecho a protestar y el orden público ya generaba fuertes disputas.
El giro con Javier Milei: más rigor y más polémica
Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, el protocolo volvió a ocupar un lugar central en la política de seguridad. El actual gobierno impulsó una aplicación más estricta, con desalojos rápidos, fuerte presencia policial y menor margen para negociaciones prolongadas.
Esta estrategia fue presentada como una forma de garantizar la circulación y el orden, pero también generó críticas por posibles excesos, denuncias de criminalización de la protesta y cuestionamientos desde organismos de derechos humanos.
