El proyecto de reforma laboral abrió un fuerte debate en el sector audiovisual por su impacto potencial sobre el sistema de financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), uno de los pilares históricos del cine argentino.
En su versión original, la iniciativa incluía artículos que eliminaban de forma inmediata las asignaciones específicas que sostienen al organismo y al Fondo de Fomento Cinematográfico. Tras reclamos públicos, movilizaciones y negociaciones políticas, el Gobierno y bloques de la oposición acordaron postergar esa eliminación hasta el 1° de enero de 2028.
Los artículos 210 y 211 de la reforma plantean eliminar las principales fuentes específicas que hoy alimentan al INCAA:
Con la modificación acordada, esos recursos se mantendrán hasta fines de 2027 y, a partir de 2028, el financiamiento debería provenir de rentas generales.
El presidente del organismo, Carlos Pirovano, buscó descomprimir el escenario y sostuvo que el fondo de fomento no desaparecerá.
“El Fondo no se elimina, cambia la fuente. Antes eran impuestos específicos y ahora vendría del presupuesto”, explicó.
Durante la entrevista, una frase generó especial repercusión: “Los argentinos no tienen tiempo de ver 250 películas por año”.
Según Pirovano, el debate debe enfocarse en criterios de eficiencia, llegada al público y sustentabilidad del sistema, más que en la cantidad de producciones financiadas.
Productores, directores y técnicos advierten que el principal riesgo es la pérdida de previsibilidad. Actualmente, el INCAA administra fondos propios sin depender directamente del Tesoro.
Si ese esquema desaparece, el cine deberá competir dentro del presupuesto nacional con áreas como salud, educación o seguridad, lo que podría afectar la continuidad de proyectos.
Pirovano cuestionó el sistema de anticipos y defendió el esquema de subsidio posterior al estreno.
“El riesgo es privado. El cine no es una actividad estatal, es una actividad privada con fomento público”, afirmó.
El funcionario confirmó una reducción de personal y de gastos de estructura. Señaló que el organismo no puede destinar más del 20% de sus ingresos al funcionamiento administrativo y que ya se alcanzó ese objetivo.
La postergación hasta 2028 evita un impacto inmediato, pero no clausura la discusión. Por ese motivo, organizaciones del sector mantienen convocatorias y movilizaciones, con una marcha prevista desde el Cine Gaumont en defensa del financiamiento cultural.
A partir de 2028, si se elimina el 10% que hoy se cobra en cada entrada para el Fondo de Fomento, las entradas podrían abaratarse. Sin embargo, especialistas advierten que no hay garantías de que esa baja se traslade automáticamente al precio final.