La diputada nacional del kirchnerismo, Florencia Carignano, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en infraestructura vial y seguridad ciudadana en la provincia de Santa Fe, ante el deterioro de las rutas nacionales y la paralización de obras públicas.
La iniciativa propone un conjunto de medidas para garantizar el mantenimiento, la continuidad de trabajos viales y la protección del empleo en el sector, en un contexto marcado por recortes presupuestarios y menor inversión estatal.
El proyecto establece la declaración de emergencia pública en materia de infraestructura vial en Santa Fe por un plazo de dos años, con posibilidad de una prórroga por un período similar.
Según el texto, el objetivo es habilitar al Estado nacional a adoptar medidas excepcionales para recuperar y mantener la red vial, garantizar la seguridad de los usuarios y reactivar obras paralizadas.
La norma apunta exclusivamente a los tramos de rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial.
La emergencia comprende una extensa lista de corredores estratégicos, entre ellos las rutas nacionales 2, 7, 8, 9, 11, 19, 33, 34, 95, 98, 168, 173, 175, 177, 178 y los accesos A007, A008 y A012.
Estas vías cumplen un rol central en la conexión regional, el transporte de cargas, la actividad productiva y el turismo, por lo que su deterioro impacta directamente en la economía y en la seguridad vial.
Uno de los puntos principales del proyecto es la obligación del Estado nacional de garantizar la continuidad y finalización de las obras viales que estaban en ejecución desde 2023.
Además, durante el período de emergencia, se prevé la implementación de un plan mínimo que incluya:
Estas acciones buscan asegurar el funcionamiento adecuado de la red vial durante toda la vigencia de la emergencia.

El proyecto establece que la selección de los trabajos a ejecutar deberá basarse en criterios objetivos, entre ellos:
De esta manera, se apunta a concentrar los recursos en los sectores con mayor impacto social y económico.
Otro aspecto relevante es la prohibición de despidos, suspensiones o cesantías en la Dirección Nacional de Vialidad durante el período de emergencia.
La medida alcanza a todo el personal, sin distinción de modalidad contractual, y busca preservar los equipos técnicos y operativos necesarios para ejecutar las obras.
Según la autora del proyecto, la pérdida de personal especializado afecta directamente la capacidad del Estado para sostener la infraestructura.