Cárcel como último recurso: el polémico plan de Marcela Pagano para menores en riesgo

La diputada Marcela Pagano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear el Sistema Integral de Prevención y Respuesta Juvenil (SIPRJ), una iniciativa orientada a prevenir tempranamente situaciones de vulnerabilidad en niñas, niños y adolescentes y a reducir la intervención penal como primera respuesta del Estado.

La propuesta busca reemplazar un enfoque centrado en el castigo por un modelo basado en la prevención, la intervención social y la justicia restaurativa, con el objetivo de acompañar trayectorias educativas, sanitarias y familiares antes de que los conflictos lleguen al ámbito judicial.

Objetivos y principios del sistema

El proyecto establece que el SIPRJ será un sistema estatal obligatorio, coordinado y trazable, destinado a detectar riesgos sociales, educativos, sanitarios o penales de manera temprana y a garantizar respuestas integrales y personalizadas.

Entre sus principios rectores se incluyen:

• La intervención temprana y corresponsable del Estado.
• El interés superior del niño.
• La no criminalización de la pobreza.
• La proporcionalidad y el uso excepcional del derecho penal.
• La protección reforzada de los datos personales.

Según el texto, la finalidad es que la intervención penal sea siempre el último recurso, reservada solo para casos en los que fracasen las instancias preventivas.

Un sistema de alerta temprana

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana Juvenil (SNATJ), un mecanismo destinado a detectar situaciones de riesgo antes de que se profundicen.

El sistema se activará cuando se registren indicadores como:

• Abandono o repitencia escolar.
• Falta de controles de salud.
• Consumo problemático de sustancias.
• Violencia familiar o comunitaria.
• Situaciones de calle o precariedad habitacional.

La iniciativa aclara que estos indicadores deben evaluarse de forma conjunta y contextual, y prohíbe su uso con fines estigmatizantes o punitivos.

Equipos territoriales y planes personalizados

El proyecto prevé la creación de Equipos Locales de Intervención Juvenil (ELIJ), integrados por profesionales de áreas como educación, salud, trabajo social y niñez.

Estos equipos serán responsables de diseñar un Plan Individual de Trayectoria (PIT) para cada adolescente, que incluirá objetivos, plazos, medidas de acompañamiento y mecanismos de evaluación.

El plan deberá elaborarse con participación del joven y su familia, y será revisado periódicamente para adaptarse a los cambios en cada situación.

Protección de datos y derecho al olvido

Otro aspecto destacado es la regulación estricta del uso de información personal. El proyecto crea un legajo único y confidencial para cada caso, con acceso restringido y controles de trazabilidad.

Además, incorpora el llamado “derecho al olvido”, que obliga a eliminar los datos cuando cesan los indicadores de riesgo, cuando el joven alcanza determinada edad sin procesos judiciales, o cuando se comprueba una activación indebida.

También prohíbe expresamente la creación de bases paralelas, perfiles predictivos o sistemas automatizados de clasificación individual.

La intervención penal como último recurso

En materia penal, la iniciativa no elimina las sanciones, pero redefine su lugar dentro del sistema. Establece que el proceso penal juvenil será subsidiario y de “última ratio”.

Antes de avanzar con una causa, el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar obligatoriamente alternativas preventivas o restaurativas. Solo en caso de fracaso de estas instancias se habilitará la vía penal.

La privación de libertad queda limitada a situaciones excepcionales y por el menor tiempo posible, con revisiones periódicas.