Anuncio en la Legislatura
07/04/2026 - Edición Nº1155
Política
Mar Argentino
Río Negro y pesca ilegal: el pedido urgente de un diputado de Milei al Congreso
17/02/2026 | El legislador provincial indicó que constituye una amenaza para la soberanía, la economía y el ambiente en Argentina.
La pesca ilegal, una problemática de larga data en Argentina.
El diputado provincial César Domínguez, vinculado al espacio de La Libertad Avanza, presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto para exhortar al Congreso nacional a reformar el Código Penal y tipificar la pesca ilegal como delito federal.
La iniciativa busca endurecer las sanciones contra buques extranjeros que operan dentro de la jurisdicción marítima argentina, al considerar que el actual régimen de multas y sanciones administrativas resulta insuficiente para frenar estas prácticas.
La pesca ilegal como problema estructural
En los fundamentos del proyecto, Domínguez sostiene que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye una de las principales amenazas para la soberanía, la economía y el ambiente de la Argentina.
Según el texto, las reiteradas incursiones de flotas extranjeras en aguas nacionales generan un daño persistente sobre los recursos marinos, afectan el equilibrio ecológico y perjudican a las economías regionales y al empleo local.
El legislador advierte que estas prácticas impactan especialmente sobre especies estratégicas como el calamar y la merluza, clave para la industria pesquera.
El foco en la Zona Económica Exclusiva
El proyecto pone especial énfasis en la protección de la Zona Económica Exclusiva Argentina, que se extiende hasta las 200 millas náuticas desde la costa.
En ese espacio, el Estado argentino ejerce derechos exclusivos de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales. Sin embargo, Domínguez sostiene que la falta de sanciones penales debilita la capacidad de control y favorece la reincidencia.
Las limitaciones del marco legal actual
Actualmente, la pesca ilegal dentro de la ZEE es sancionada principalmente a través de la Ley Federal de Pesca, que prevé multas, decomisos e inhabilitaciones.
Para el autor del proyecto, este esquema presenta una “debilidad estructural”, ya que no contempla una figura penal específica y permite que las flotas infractoras asuman las sanciones como parte del costo operativo.
En los fundamentos se señala que muchas embarcaciones operan bajo banderas de conveniencia y consideran las multas como un riesgo económico asumible frente a la alta rentabilidad de la actividad.
La propuesta: tipificar la pesca ilegal como delito
La iniciativa solicita al Congreso de la Nación Argentina que promueva una reforma del Código Penal para incorporar la pesca ilegal como delito federal.
En concreto, el proyecto plantea:
- Tipificación penal de la pesca ilegal en la ZEE.
- Penas privativas de la libertad proporcionales al daño causado.
- Agravantes en casos de reincidencia o maniobras evasivas.
- Sanciones más severas para buques extranjeros.
Según Domínguez, esta reforma permitiría equiparar a la Argentina con otros países que ya criminalizaron este tipo de prácticas.
El decomiso como herramienta central
Otro punto clave del proyecto es la incorporación del decomiso obligatorio de los bienes utilizados en la actividad ilegal.
La propuesta contempla la incautación de:
- Buques.
- Artes de pesca.
- Cargas.
- Equipos y herramientas.
Impacto económico, ambiental y social
En los fundamentos, el proyecto remarca que la pesca ilegal no solo genera pérdidas económicas, sino también consecuencias de largo plazo sobre el ambiente.
Entre los efectos señalados se destacan:
- Sobreexplotación de recursos.
- Pérdida de biodiversidad marina.
- Competencia desleal con pescadores legales.
- Reducción del empleo formal.
- Menor recaudación fiscal.
Además, se advierte que estas prácticas afectan la sustentabilidad futura del sector pesquero nacional.
Un reclamo por mayor protección del mar argentino
Con esta iniciativa, el diputado rionegrino plantea la necesidad de pasar de un sistema basado en sanciones administrativas a uno con consecuencias penales más severas.
El objetivo, según expone el texto, es fortalecer la soberanía, proteger el ambiente y garantizar condiciones equitativas para quienes desarrollan la actividad pesquera dentro de la ley.
