17/02/2026 - Edición Nº1106

Política

Polémica contratación

“Sturzegate” en Cancillería: qué omisión en la Oficina Anticorrupción pone en jaque el contrato

17/02/2026 | El abogado José Lucas Magioncalda sostuvo que no se habría cumplido con la publicación obligatoria del expediente en la web de la Oficina Anticorrupción.



El abogado José Lucas Magioncalda, denunciante en el caso que en redes sociales fue bautizado como “Sturzegate”, cuestionó la legalidad del contrato que el Ministerio de Relaciones Exteriores adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por $114.044.133.

La contratación involucra a la entidad dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La supuesta omisión en la Oficina Anticorrupción

Magioncalda afirmó que se habría incumplido un requisito “fundamental” del Decreto 202/2017: la publicación del expediente en la página web de la Oficina Anticorrupción (OA).

El artículo 4°, inciso b, de esa norma establece que debe garantizarse la “publicidad total” de las actuaciones tanto en el sitio del organismo contratante como en el de la OA cuando exista un posible conflicto de intereses.

Según el letrado, la difusión en la web del organismo de control no se habría concretado, lo que ,a su entender, tornaría “nulo” el contrato.

La defensa del Gobierno

De acuerdo con lo expuesto por el denunciante en declaraciones televisivas, el Gobierno habría sostenido dos argumentos principales: Que existía una contratación previa con la AACI en 2024. Que Rouillet no sería propietaria de la entidad, sino empleada.

En los considerandos de la disposición que formalizó la adjudicación (DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE), Cancillería dejó constancia de que, tras la Declaración Jurada de Intereses, se detectó un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, lo que activó el protocolo previsto en el decreto.

Pedido de investigación judicial

Magioncalda confirmó que presentó una denuncia penal para que la Justicia Federal investigue el procedimiento y analice, entre otros puntos, si hubo actualizaciones correspondientes en las declaraciones juradas y cómo se encuadró el vínculo durante 2024, año en que Sturzenegger asumió funciones.

La controversia suma un nuevo capítulo a la disputa política por la contratación en Cancillería y podría derivar en definiciones judiciales sobre la validez administrativa del expediente.