Financiamiento universitario: por qué los rectores rechazan la nueva ley de Milei

El gobierno de Javier Milei decidió ampliar el temario de las sesiones extraordinarias para incluir un nuevo proyecto de ley de financiamiento para las universidades. La medida extiende el período legislativo hasta el 28 de febrero e intenta reemplazar la normativa vigente que el oficialismo se niega a aplicar.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rechazaron de forma tajante la iniciativa oficial tras dos reuniones con la Secretaría de Educación. Los rectores consideran que la propuesta es una maniobra para desactivar las medidas cautelares que obligan al Estado a recomponer los presupuestos según la inflación.

El rechazo se fundamenta en que la nueva ley ofrece fondos inferiores a la norma actual y busca neutralizar el mandato de la Justicia que exige una actualización salarial inmediata.

¿Por qué el Gobierno busca una nueva ley?

La gestión nacional pretende cerrar el frente judicial abierto luego de que un fallo de primera instancia le ordenara cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación en 2024. Aunque esa norma fue vetada por el presidente, el Poder Legislativo insistió con los dos tercios y la ratificó.

Ante la inminencia de sanciones y la obligatoriedad del pago, el Ejecutivo redacta una ley "viable" que se ajuste a su esquema de equilibrio fiscal. En los pasillos de la Cámara de Diputados se interpreta que la nueva sanción derogaría de hecho a la anterior, liberando al Gobierno de las deudas acumuladas por la inflación.

¿Cuál es la propuesta que rechazan los rectores?

El ofrecimiento oficial contempla un aumento presupuestario para 2025 en tres cuotas hasta septiembre y una partida extra de $80.000 millones para hospitales universitarios. Sin embargo, el CIN reveló que los borradores presentados son incluso más "restrictivos" que el presupuesto actual.

Los académicos sostienen que la única solución es el cumplimiento de la ley original, que actualiza gastos de funcionamiento y sueldos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las partidas actuales representan apenas el 0,4% del PBI, el nivel más bajo en décadas.

¿Cómo afecta esta crisis a los docentes?

El conflicto impacta directamente en el inicio del ciclo lectivo y en la estabilidad del cuerpo docente. Durante la gestión actual, los salarios de los profesores universitarios sufrieron una caída real del 29,1% frente a la inflación acumulada.

Gremios como CONADU y docentes de la UBA denunciaron que cerca de 10.000 profesionales renunciaron a sus cargos durante 2025 debido al deterioro de sus ingresos. Ante este escenario, el frente sindical ya advirtió que el normal funcionamiento de las universidades en todo el país está comprometido.

TM