El gobierno de Israel aprobó la reanudación del registro formal de tierras en Cisjordania, un procedimiento que no se implementaba de manera integral desde la guerra de 1967. La medida habilita la inscripción definitiva de terrenos bajo jurisdicción administrativa israelí, especialmente en el denominado Área C, donde el control civil y militar permanece en manos del Estado israelí.
Según las autoridades, el objetivo es ordenar la situación jurídica de extensas superficies cuya titularidad permanece en disputa o carece de documentación actualizada. El Ministerio de Justicia creó una unidad específica para supervisar el proceso, con presupuesto y equipos técnicos destinados a completar el relevamiento registral.
El procedimiento exige que quienes reclamen derechos sobre una parcela presenten pruebas documentales válidas. En caso de no acreditarse propiedad privada conforme a los estándares exigidos por la administración israelí, la tierra podrá ser inscrita como propiedad estatal. Este punto constituye el eje central de la controversia.
Diversos analistas sostienen que una parte significativa de la población palestina no cuenta con registros formales actualizados, debido a décadas de cambios administrativos, limitaciones burocráticas y ausencia de procesos registrales continuos. En ese contexto, el nuevo mecanismo podría derivar en la transferencia efectiva de amplias extensiones al control directo del Estado israelí.
🔴DW Noticias 15 de febrero: Israel permite por primera vez desde 1967 que áreas de Cisjordania sean “propiedad del Estado”
— DW Español (@dw_espanol) February 15, 2026
El Gobierno de Israel aprobó este domingo reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al… pic.twitter.com/Bd8RdOUSU3
La Autoridad Nacional Palestina calificó la decisión como una “anexión de facto” y denunció una violación del derecho internacional humanitario. La Unión Europea y varios países árabes expresaron preocupación y solicitaron la revocación de la medida, argumentando que modifica unilateralmente el estatus de un territorio considerado ocupado por la comunidad internacional.

Desde el gobierno israelí se sostiene que el proceso no implica anexión formal, sino regularización administrativa dentro de áreas bajo su control. Sin embargo, el impacto político trasciende la dimensión técnica: la medida reaviva el debate sobre la viabilidad de la solución de dos Estados y redefine el equilibrio entre administración territorial, legalidad internacional y realidad sobre el terreno.