La reciente decisión de suprimir varias misiones y fundaciones vinculadas al antiguo esquema de gasto social representa un punto de inflexión en la administración pública venezolana. Durante años, estos programas operaron con presupuestos significativos, escasa auditoría independiente y limitada evaluación de impacto. Su eliminación no debe leerse como un retiro del compromiso social del Estado, sino como un intento de reordenar prioridades fiscales en un país con severas restricciones presupuestarias.
Venezuela enfrenta un desafío estructural: reconstruir capacidades institucionales en un contexto de recursos limitados. El gasto público no puede seguir organizado sobre estructuras paralelas y fundaciones con funciones superpuestas. La racionalización administrativa, especialmente en entes adscritos al Despacho presidencial, es una condición básica para cualquier estrategia de estabilización macroeconómica y recuperación sostenida.
Las misiones sociales nacieron en un contexto de abundancia petrolera que permitió financiar transferencias directas sin una arquitectura institucional sólida. Con el paso del tiempo, muchos de estos programas carecieron de sistemas robustos de rendición de cuentas y medición de resultados. En términos técnicos, se consolidó un esquema de gasto corriente elevado, con retornos sociales difíciles de cuantificar.
La eliminación de estos entes abre la posibilidad de integrar las funciones sociales en ministerios sectoriales sujetos a mayor control presupuestario y estándares de auditoría más estrictos. Esto no implica reducir la inversión social, sino reorientarla hacia políticas basadas en evidencia, con metas verificables y asignación eficiente de recursos. En economías frágiles, la sostenibilidad fiscal es un prerrequisito del desarrollo, no su enemigo.
Resulta relevante que ninguna de las principales propuestas presidenciales de la oposición en la última década —incluidas las planteadas por Juan Guaidó, Henrique Capriles y Henry Falcón— contempló una revisión estructural profunda de las misiones. En la mayoría de los casos, se propuso mantenerlas o reformarlas parcialmente, bajo el argumento de evitar costos políticos y sociales inmediatos.

Sin embargo, mantener estructuras de gasto ineficiente perpetúa el problema de fondo: un Estado sobredimensionado con capacidad limitada para invertir en infraestructura, capital humano y productividad. La eliminación de misiones puede interpretarse, desde una perspectiva técnica, como una señal de disciplina fiscal y rediseño institucional. El desafío ahora es sustituir el modelo asistencial fragmentado por un sistema de inversión social coherente, transparente y orientado al desarrollo integral del país.