El legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura provincial para impulsar acciones administrativas y judiciales contra la intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre el puerto de Ushuaia.
La iniciativa busca declarar la inconstitucionalidad o nulidad de una medida adoptada por la autoridad portuaria nacional.
La propuesta se inscribe en un contexto de creciente tensión entre la Provincia y la Nación por el control, la gestión y el destino estratégico de una de las infraestructuras clave para el desarrollo económico y logístico del sur argentino.
Según detalla el proyecto, desde hace varios meses se vienen registrando actuaciones administrativas por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación vinculadas al funcionamiento del puerto de Ushuaia, incluyendo auditorías, informes y observaciones técnicas.
En ese marco, la autoridad nacional dictó la Resolución 4/2026, mediante la cual ordenó la suspensión de la habilitación del puerto y dispuso una intervención sobre su infraestructura, gestión operativa, técnica y administrativa. Para Villegas, esta decisión representa “una gravedad institucional inédita” en la relación entre la Nación y la Provincia.
El legislador sostiene que la medida afecta directamente la autonomía provincial y el patrimonio fueguino, al tratarse de un activo estratégico bajo dominio y administración local.
En los fundamentos del proyecto, Villegas subraya la relevancia del puerto para el desarrollo económico, social y productivo de la provincia, en especial para la ciudad de Ushuaia.
El Puerto de Ushuaia cumple un rol central en:
Desde esta perspectiva, el legislador considera que cualquier intervención externa sin consenso provincial compromete intereses de largo plazo y debilita la capacidad de decisión local.
El proyecto menciona una serie de observaciones que fueron utilizadas como fundamento para la intervención nacional, entre ellas:
Sin embargo, Villegas sostiene que estas situaciones debieron canalizarse a través de mecanismos institucionales y de coordinación, y no mediante una intervención directa que, a su entender, avanza sobre competencias provinciales.
Para el legislador, la decisión nacional configura una “afrenta a la autonomía” y una vulneración del esquema federal.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la actuación del Fiscal de Estado provincial. Villegas señala que solicitó información para saber si existían instrucciones del Poder Ejecutivo para iniciar acciones legales en defensa del puerto, pero recibió como respuesta que no se habían impartido directivas al respecto.
Posteriormente, el propio titular de la Fiscalía comunicó su excusación para intervenir en el proceso judicial, alegando discrepancias sobre la estrategia legal y el momento de la presentación.
Según el legislador, estas diferencias internas entre el Ejecutivo y la Fiscalía debilitan la posición de la Provincia frente a la Nación y afectan la posibilidad de una defensa eficaz del patrimonio público.
En ese sentido, remarca que dejar de lado la experiencia técnica del organismo constituye “un flaco favor” a los intereses fueguinos.
La iniciativa propone instruir formalmente al Fiscal de Estado para que ejerza todas las acciones administrativas y judiciales necesarias con el objetivo de:
El texto se apoya en el artículo 167 de la Constitución provincial y en la Ley N°3, que regulan las atribuciones del organismo de control.
Además, plantea la necesidad de definir una estrategia integral de litigio que permita mejorar las posibilidades de éxito en los distintos frentes administrativos y judiciales.
Villegas recuerda que no es la primera vez que la Legislatura interviene en conflictos con el Estado nacional. Como antecedente, menciona la Resolución 323/23, vinculada a disputas por jurisdicción ambiental en zonas insulares.
Para el legislador, esos antecedentes demuestran que la defensa institucional coordinada puede generar resultados positivos cuando existe una postura firme y consensuada.
En este caso, sostiene que la situación del puerto amerita una reacción similar, dada su importancia estratégica y simbólica para la provincia.