17/02/2026 - Edición Nº1106

Política

Causa Cupones PBI

Golpe desde Londres: qué datos secretos sobre cuentas y energía debe entregar Argentina

17/02/2026 | El objetivo es facilitar la identificación de bienes y recursos que puedan ser objeto de embargo. El caso se remonta a una decisión del 2014.



La Justicia de Londres ordenó a la Argentina entregar información detallada sobre sus cuentas bancarias en el exterior, contratos con empresas energéticas y deudas con acreedores internacionales, en el marco del litigio por los Cupones PBI en euros.

La decisión se inscribe en el proceso de identificación de activos que impulsan los fondos demandantes para avanzar en el cobro de una sentencia millonaria.

Según informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, la medida forma parte del “discovery”, una etapa clave en la que los tribunales habilitan el acceso a información sensible del Estado para facilitar eventuales embargos en el exterior.

Qué exige concretamente el fallo

De acuerdo con la resolución judicial, la República Argentina deberá presentar, en un plazo máximo de siete días, una serie de documentos y listados clave. Entre ellos, se destacan:

  • Cuentas financieras en el exterior: una nómina de cuentas bancarias, de corretaje, fiduciarias, de custodia u otras en instituciones financieras extranjeras, vigentes a nivel mundial al 8 de julio de 2024, y en Estados Unidos al 7 de febrero de 2025.
  • Deudas con acreedores externos: un listado de obligaciones superiores al millón de dólares contraídas con deudores extranjeros al 30 de septiembre de 2024.
  • Contratos energéticos y offshore: información sobre concesiones de perforación y exploración offshore, así como contratos vinculados al sector energético firmados con empresas extranjeras o sus filiales locales.

El objetivo central de esta documentación es facilitar la identificación de bienes y recursos que puedan ser objeto de embargo.

El trasfondo: el conflicto por los Cupones PBI

El litigio se origina en la disputa por los Cupones PBI en Euros, instrumentos financieros emitidos por Argentina en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.

Estos bonos preveían pagos adicionales si la economía crecía por encima de determinado umbral. Sin embargo, en 2014 el INDEC modificó la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno.

Con la base anterior, el crecimiento de 2013 rondaba el 4,9%. Con la nueva metodología, se redujo al 3,2%, por debajo del piso necesario para habilitar los pagos. De ese modo, el Estado evitó desembolsar más de 3.600 millones de dólares.

Esa decisión, tomada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dio origen a las demandas de los acreedores.

Un reclamo que supera los USD 1.800 millones

Actualmente, Argentina enfrenta un fallo adverso por más de 1.800 millones de dólares, que busca ser ejecutado en Estados Unidos ante la falta de pago.

Según Maril, el país presentó una solicitud para frenar ese proceso en una corte del Distrito de Columbia, argumentando que no existe jurisdicción válida en territorio estadounidense.

Entre los principales fondos involucrados en la causa se encuentran: Palladian Partners L.P, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited.

Estos grupos buscan avanzar sobre activos argentinos en el exterior para garantizar el cobro de la sentencia.

La postura oficial y la defensa del Estado

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación, encargada de la defensa jurídica del país, señalaron que se presentó un pedido formal para rechazar el intento de ejecución en Estados Unidos.

En un comunicado, el organismo sostuvo que Argentina “continúa resistiendo activamente la ejecución de la sentencia” y defiende los límites que establece la legislación norteamericana en materia de inmunidad soberana.

Nuevas demandas y antecedentes recientes

El conflicto no se limita al fallo londinense. En agosto pasado, un grupo de inversores liderado por Aurelius Capital Management presentó una demanda en Nueva York por el mismo motivo.

El reclamo asciende a unos 2.600 millones de dólares, incluyendo intereses. El fondo busca que los fallos extranjeros sean reconocidos en Estados Unidos y ejecutados de manera directa.

Aurelius, además, fue uno de los holdouts que acordó con el gobierno de Mauricio Macri en 2016, y luego retomó los litigios en 2019.

Un frente judicial abierto y con impacto económico

La orden de la corte londinense marca un nuevo capítulo en una disputa de largo plazo, con fuertes implicancias financieras y políticas.

La obligación de revelar información sobre cuentas, contratos y deudas expone al Estado argentino a una mayor vulnerabilidad frente a eventuales embargos, en un contexto de restricciones fiscales y negociaciones internacionales sensibles.

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